En noviembre se instaló la subcomisión para la construcción de la reforma laboral que se presentará en la primera legislatura del 2023. Sin embargo, son muchos los interrogantes que surgen alrededor de esa iniciativa y si los cambios que se pretenden implementar resultan convenientes ante una crisis económica que no da tregua; unos índices de informalidad que sobrepasan cualquier límite razonable; y una inflación sin precedente.

La propuesta habla de una reducción del horario diurno, el cual pasaría de 6 am - 9 pm a 6 am - 6 pm y un aumento en el porcentaje del recargo dominical y festivo, que pasaría de 75% a 100%.

De aprobarse la modificación del horario, Colombia sería el país con el horario diurno más corto de toda la región, según datos arrojados por el Centro de Estudios Sociales y Laborales (Cesl, Informe de Coyuntura, noviembre 2022). Si a esto se suma que somos el país con el porcentaje de recargo nocturno más alto (35%), los costos de nómina aumentarían principalmente en aquellos sectores económicos donde se trabaja en las noches o sin solución de continuidad. Actualmente, el costo promedio por recargo nocturno es de 1,75% de la nómina anual total de una empresa. No obstante, con el incremento del horario pasaría a ser de 2,94%, lo que implica un aumento del 68% (Cesl. Informe de Coyuntura, noviembre 2022).

En lo que atañe al recargo dominical y festivo, según cifras de 2021, el costo promedio fue de 1,96% de la nómina anual total, pero con el aumento del porcentaje pasaría a ser de 2,7%, lo que representaría un incremento de 37% (Cesl. Informe de Coyuntura, noviembre 2022), sin contar los costos logísticos, administrativos, de alquiler y seguridad.

Esto, sumado al aumento drástico del salario mínimo para 2023 y la disminución de la jornada máxima legal, que según la Andi y el Consejo Gremial Nacional, representará un costo adicional promedio de $70.717 por cada trabajador y cera de $22,8 billones anuales si se multiplica por los 6,2 millones de trabajadores que actualmente laboran más de 42 horas semanales (Andi, 2021), lleva a preguntarse si el enfoque que se le está dando a las políticas laborales es el adecuado y si la imposición de cargas económicas a las empresas es la salida para afrontar los retos que afronta actualmente el mercado laboral colombiano.

En especial, cuando se tiene en cuenta que, para 2022, la productividad laboral por hora trabajada fue de 0,67% y la productividad laboral por persona empleada fue de 0,8%, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - Dane (Dane, noviembre 2022).

Para nadie es un misterio que las normas laborales se quedaron cortas a la hora de regular las nuevas formas de empleo y las dinámicas de trabajo que surgieron a causa de la globalización, sin embargo, el cambio legislativo no puede orientarse hacia un sistema impositivo y de alto costo, sobre todo cuando las circunstancias económicas y las condiciones del mercado no lo permiten.

Hacerlo traería como consecuencia un aumento en los precios de los bienes y los servicios, una disminución en las inversiones y una reducción importante de mano de obra, que en últimas dificultaría aun más el logro de los objetivos reales de la reforma laboral que requiere el país: ampliar el sistema de protección social y reducir los obstáculos que emanan de la regulación actual.