Los diagnósticos sobre las desigualdades en Colombia no son alentadores. Las comparaciones entre campo y ciudad, así como entre hombres y mujeres y a nivel industrial, muestran que los avances logrados en años anteriores han sufrido los embates de la pandemia, y se requerirá de varios años y mucha decisión política para recuperar el terreno perdido. De cara a las nacientes campañas electorales, varios de estos temas deberían estar en el centro de la discusión.

El panel de expertos sobre brechas territoriales, realizado en el marco de la ‘Semana de la Economía’ en la Universidad Externado, muestra un escenario delicado y propone rutas de trabajo para superarlo.

Lo primero es recordar que en Colombia la pobreza rural es cerca de tres veces la pobreza urbana, con una mejora en las últimas décadas que se detuvo antes de la pandemia. Se estima que para 2020 la caída en los ingresos de la población rural sería de 50%, alcanzando 80% en el primer decil de la población, señala Ángela Penagos.

Carlos Córdoba, por su parte, enfatiza las grandes desigualdades en maquinaria, riego, infraestructura y asistencia técnica, y en cómo las reformas en la institucionalidad del sector agropecuario han fallado al no reconocer la heterogeneidad del territorio. Esto va acompañado de inestabilidad en las reglas de juego, con apuestas de corto plazo, decisiones bajo presión y atención a demandas particulares en lugar de la generación de bienes públicos para el territorio.

Departamentos como el Cauca, donde convergen varios males del país, dan prueba de estas dificultades, con una alta inequidad en el acceso a la tierra, una marcada presencia de monocultivos, y una burocracia incapaz de resolver los problemas rurales, señala Irene Vélez. Las políticas actuales, además, parecieran desconocer los procesos sociales existentes, y resultan en la captura de los beneficios de los programas sociales por parte de las élites tradicionales.

Transformar estas condiciones requerirá de ingentes esfuerzos, tanto en la forma en que el Estado comprende las dinámicas territoriales, como en las decisiones de política que se deben adoptar.

Primero, es necesario replantear el enfoque de entrega de proyectos productivos individuales, que no da cuenta de las dinámicas económicas del sector agropecuario. Segundo, se requiere comprender el rol de las pequeñas y medianas ciudades en los vínculos urbano-rurales, y su papel clave en la integración regional. Tercero, las dinámicas económicas regionales necesitan del involucramiento de los privados, por lo cual hay que crear las condiciones para facilitarlo, utilizando mecanismos ya existentes. Cuarto, es urgente retomar la agenda de transformaciones del campo contemplada en el acuerdo de paz.

Pero, tal vez lo más importante, es fundamental volver a poner el énfasis en la gente, en particular a la luz de estrategias fallidas como aquellas de la guerra contra las drogas, especialmente cuando amenazas como el cambio climático y la inseguridad alimentaria son cada vez más cercanas.

En este escenario, continuar con acciones como la fumigación con glifosato, el uso descontrolado del mercurio y la adopción de políticas que no tengan como prioridad la protección de las comunidades se convierte en una trampa para perpetuar las desigualdades regionales.