Las protestas recientes en Chile pusieron en cuestionamiento el llamado “milagro económico”, y obligan a replantear algunas premisas para el diseño de políticas públicas. Así como el país austral ha sido ejemplo por ser el más próspero de América Latina y, en los últimos años, uno de los más estables a nivel político, algunas de las reflexiones que surgen luego de estas semanas deberían también convertirse en referente.

Muchos se sorprendieron con el estallido de las protestas; al fin y al cabo, tras el retorno a la democracia, el PIB per cápita chileno ha crecido a una tasa promedio superior al 6% anual, alcanzando los US$15.923 el año pasado, cifra muy por encima del promedio de la región (US$9.023).

Sin embargo, en materia de desigualdad, la situación es bien diferente, con un coeficiente de Gini entre los peores del continente (0.47), y bastante lejos de los demás países de la Ocde. No obstante, los esfuerzos recientes se han dirigido a atraer mayores inversiones y acelerar el ritmo de crecimiento; hace unos meses el gobierno impulsó reformas orientadas a reducir los impuestos a los más ricos, medida que irremediablemente causó malestar en la población.

Ahora, el malestar por los resultados en materia de desigualdad y el amplio respaldo a la protesta no debería ser sorpresa para muchos economistas. Modelos sencillos, como el llamado juego del ultimátum, evidencian la propensión de los agentes económicos a rechazar reparticiones que consideran demasiado injustas, incluso en detrimento del bienestar propio. Es decir, más allá del beneficio individual absoluto, la evidencia respecto a la aversión a la injusticia es bastante robusta.

No es de extrañar entonces que, a pesar de las tasas de crecimiento envidiables, una medida aparentemente menor como el incremento en las tarifas del transporte público haya generado tanto rechazo en la población chilena. Eso sí, se trata de una decisión que afecta más a los más pobres, en un escenario con un sistema político que no permite canalizar el inconformismo.

De hecho, a nivel político la crisis tiene orígenes de vieja data. Desde la década pasada, autores como Peter Siavelis calificaban a Chile como una ‘partidocracia’, algo que hoy prevalece. Las condiciones existentes impiden que los votantes realmente incidan en los resultados de las elecciones legislativas lo que, a su vez, genera insatisfacción con las formas de participación, como finalmente se evidenció en estos días. En una encuesta realizada por la Universidad de Chile la semana pasada 85,8 % respondió estar de acuerdo con el movimiento social actual.

El mensaje es claro: los logros económicos agregados no son compatibles con altas inequidades y la percepción generalizada de que no es posible propiciar un cambio; es necesario hacer una revisión de las prioridades y de las medidas de éxito. En Colombia, por ejemplo, en este momento se insiste en una reforma tributaria que le reduce los impuestos a los más ricos bajo la premisa cuestionable de que esto impulsa la inversión y el crecimiento; mientras tanto, la tasa de desempleo no baja de los dos dígitos y la desigualdad no cede terreno.

Así como por años se envidió el modelo chileno, valdría la pena ahora empezar a hacer las reflexiones que allá se hacen y aplicar los correctivos que sean del caso. El espejo chileno no debería usarse solo de manera selectiva cuando le conviene a unos cuantos sectores.