Durante la última semana en el país han surgido algunas preocupaciones relacionadas con la decisión de la Ocde de postergar el ingreso de Colombia a este ‘club de las buenas prácticas’. Junto a los temas de chatarrización y propiedad intelectual hay un tema que resulta crucial en esta coyuntura: la reglamentación sobre medicamentos. Para algunos, la situación actual hace ver el riesgo de perder los avances en materia de regulación de medicamentos como el precio de entrada a la Ocde. Sin embargo, el debate de fondo no es tanto sobre la regulación de los precios de medicamentos, como sí sobre la institucionalidad del sector y la claridad en sus reglas de juego.

Los avances logrados en varios frentes del sector salud son indiscutibles; tal es el caso del desarrollo de sistemas de información integrada -que sirven para combatir prácticas perversas en el sector, relacionadas con desfalcos al sistema-, la evaluación de tecnologías sanitarias, los modelos de atención para zonas dispersas y los modelos de atención integral, entre otros. Sin embargo, y sin desconocer áreas donde también hay mucho por avanzar, tal vez el punto donde los resultados de los últimos ocho años son más notorios es en lo relacionado con mecanismos de regulación de precios. Esto ha permitido que en el país haya control de precios sobre más de 1.000 medicamentos, que incluyen tratamientos contra el cáncer, hepatitis, antibióticos y anticonceptivos, y que ha servido para marcar una era radicalmente diferente respecto al período anterior, donde los sistemas de regulación de precios de medicamentos brillaban por su ausencia.

Con estos logros, y las batallas que cada uno de estos más de 1.000 casos caso implica, resulta natural intentar extender estos beneficios a partir de fórmulas que no solo contemplen la regulación de precios, sino también otras medidas más ambiciosas. Tal es el caso de las llamadas ‘licencias obligatorias’, por medio de las cuales el gobierno puede ordenar la cesión de la patente al mercado a fin de estimular competencia en estos productos. Pero cambios de fondo en la manera como se adoptan estas medidas evidencian un desorden institucional sobre el que vale la pena reflexionar.

En Colombia, la autoridad en materia de propiedad industrial, encargada de la concesión de patentes, es la Superintendencia de Industria y Comercio, luego las decisiones del Ministerio de Salud y Protección Social intentando incidir en los criterios de concesión de patentes de medicamentos indican un riesgo de duplicación de funciones que poco ayuda en los esfuerzos de tener reglas claras en el sector. Si se tiene en cuenta que uno de los mayores activos de entrar a la Ocde es el fortalecimiento institucional, diferentes instituciones apuntando a las mismas funciones envían un mensaje confuso.

Ahora, más allá de los beneficios de corto plazo asociados al otorgamiento o no de patentes, el cambio en las reglas genera condiciones de largo plazo que pueden afectar de manera grave el desempeño del sector. Situación diferente ocurre con la definición de mecanismos de regulación de precios de medicamentos que se consideren de interés público que, en todo caso, no eliminan la posibilidad de eliminación de patentes en casos verdaderamente excepcionales.

Así, las decisiones en relación con el ingreso a la Ocde no ponen en riesgo los avances logrados en materia de regulación de precios, donde lo recomendable es que el país siga avanzando como lo ha hecho, permitiendo un equilibrio entre los costos del sistema y los incentivos a la innovación en el sector. El aspecto por tratar con mucho cuidado es la institucionalidad del país en materia de regulación de precios, por un lado, y de patentes y promoción de la competencia, por el otro. No es coherente apuntar a hacer esfuerzos de buenas prácticas mientras que se adoptan medidas que debilitan la institucionalidad.