En esta coyuntura, uno de los temas de debate más frecuentes es si con ella se contribuirá a generar un cambio de tendencia en las dinámicas económicas, sociales y políticas, o si será un acelerador de dinámicas que ya estaban en desarrollo. La pregunta es si, como toda crisis, de aquí puede surgir una oportunidad para darle un rumbo diferente a temas que han sido históricamente problemáticos.

En materia económica, por ejemplo, Colombia tiene en frente algunos desafíos sobre los que ha sido muy difícil avanzar en la dirección correcta. Los datos publicados esta semana por el Fondo Monetario Internacional, que pronostican una caída del PIB del 2,4 % en 2020, incluso en un escenario optimista, obligan a hacer una mejor reflexión en al menos dos ámbitos: el tributario y el financiero.

A nivel tributario, el problema de las inequidades e ineficiencias ha sido ampliamente diagnosticado y ha faltado voluntad política para corregirlas. Las necesidades de financiamiento de gasto que ya tenía el Estado colombiano, que ahora se exacerban por la coyuntura generada por el Covid-19 y la caída de los precios del petróleo, hacen inviable seguir hablando de reducciones de impuestos, como se promete en campañas políticas y efectivamente ocurrió en la pasada reforma tributaria.

No se trata, desde luego, de salir mañana a gravar a empresas que en este momento están luchando por sobrevivir, pero sí de reconocer que la estructura tributaria del país es inadecuada, y que, entre otras, prácticamente en nada incide a la hora de corregir las grandes inequidades existentes. La realidad que plantea la pandemia obliga a abordar este tema desde una óptica que reconozca estos hechos.

El segundo tema es el papel del sector financiero en la economía colombiana, el cual ha sido blanco de críticas en las últimas semanas por sus decisiones en temas como refinanciamiento de deudas, tasas de interés para créditos de consumo o las trabas para acceder a las líneas de crédito que ha anunciado el Gobierno.

Esta situación es especialmente delicada para comerciantes y pequeños y medianos empresarios, por la caída en las ventas y las implicaciones directas sobre el empleo. Como bien se ha señalado, una empresa que se ve obligada a cerrar durante este período no necesariamente va a poder retomar sus actividades una vez pase la crisis. Desde el sector financiero se puede ayudar a evitar que las empresas naufraguen, con el costo económico y social que esto conlleva.

Adicionalmente, este tipo de acciones serviría para cambiar el imaginario sobre el rol del sector financiero, especialmente en situaciones como la actual, y redefinir el alcance de su responsabilidad social.

Probablemente en ocasiones anteriores la falta de voluntad política para impulsar las reformas necesarias estaba asociada a la ausencia de incentivos correctos: económicos y morales.

Hoy se trata de la supervivencia misma del aparato productivo del país, de garantizarle condiciones de vida a los más vulnerables, afectados de manera especial por las medidas sanitarias, de proteger el tejido empresarial y de superar la crisis con el menor costo económico y social posible.

El escenario generado por la pandemia seguramente contribuye a crear condiciones para esta vez sí hacer las apuestas económicas correctas. Coyunturas como la actual deberían servir para subordinar intereses políticos y económicos privados al bienestar general.