En su reciente informe sobre América Latina y el Caribe, el Banco Mundial identifica los principales factores que inciden en los riesgos que enfrenta la región y sugiere algunas recomendaciones para mitigarlos, como son la promoción de mercados y el fortalecimiento de las instituciones.

Dentro de las variables internas detrás de la vulnerabilidad de las economías de la región se encuentra su situación fiscal: 29 de los 32 países de América Latina y el Caribe tendrán un déficit en 2018, lo que afecta las calificaciones crediticias y el acceso a los mercados internacionales.

A nivel externo, se identifica el fortalecimiento del dólar y la salida de capitales hacia Estados Unidos, la incertidumbre por la renegociación del Nafta, y la volatilidad de los precios de las materias primas. Por último, esta parte del mundo es frecuentemente golpeada por desastres naturales como terremotos y huracanes, los cuales sistemáticamente se han traducido en múltiples pérdidas humanas y graves daños económicos.

Si bien muchos de los riesgos son prácticamente imposibles de pronosticar -los llamados ‘cisnes negros’- sí pueden promoverse prácticas que contribuyan a mitigar sus impactos. No son iguales los estragos que causa una inundación en una sociedad con profundos niveles de corrupción - donde incluso la asistencia humanitaria se desvía a enriquecer a quienes no la necesitan - a lo que ocurre en sociedades con instituciones sólidas.

El Banco Mundial sugiere los mercados y el fortalecimiento institucional como mecanismos para afrontar las crisis. Sin embargo, más allá de recomendaciones puntuales, como los bonos catastróficos para terremotos de la Alianza del Pacífico, que señala el informe, la vulnerabilidad de estos países obliga a pensar de lleno en el tema de sus instituciones, algo que queda fuera del análisis y donde es necesario profundizar.

Una primera variable en ese ámbito son los vacíos de Estado. Zonas enteras donde las instituciones estatales básicas son precarias - si no inexistentes - con lo que se generan disputas violentas por el poder, usualmente entre organizaciones que se lucran de actividades ilícitas.

Esto ocurre igual en el Pacífico colombiano, en Sinaloa y Jalisco en México, o incluso en diferentes barrios de São Paulo en Brasil, y hace prácticamente imposible las tareas de gestión del riesgo.

Por otro lado, los niveles de democracia al interior de los países son muy heterogéneos. Mientras a nivel nacional y en las principales ciudades hay un desempeño relativamente satisfactorio de la democracia, esta empieza a debilitarse en las zonas periféricas y usualmente con indicadores de pobreza más altos. Democracias frágiles tienen mayores dificultades para visibilizar sus riesgos, y han caracterizado a las sociedades que más sufren ante desastres naturales o hambrunas.

Finalmente, la región se caracteriza por un frágil imperio de la ley. El común denominador en los últimos años ha sido la corrupción y la forma como unos pocos se han apropiado ilegalmente de recursos que deberían ser públicos. Los efectos de una crisis en tales condiciones pueden traducirse en efectos mucho más dramáticos que en ausencia de ellas.

Una región vulnerable, como lo es América Latina y el Caribe, necesita de Estados idóneos y democracias robustas para mitigar sus riesgos. La alternativa es seguir asumiendo los efectos devastadores que tienen las recurrentes crisis.