Desde su campaña por la presidencia, Iván Duque ha enfatizado en que uno de nuestros deberes como país es que empujemos en una misma dirección. En su discurso de posesión el hoy presidente señaló: “los invito a que construyamos un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias están las cosas que nos unen”. Sin embargo, la distancia entre este discurso de unidad y la realidad de los primeros meses de gobierno es abismal.

Alcanzar consensos en torno a varios temas siempre será una tarea titánica: el modelo de desarrollo, la distribución de los impuestos, el tamaño del Estado, entre otros, son ejemplos en los que es usual ver posiciones enfrentadas y donde resulta más difícil llegar a acuerdos. Sin embargo, el nuevo gobierno tuvo en sus manos la oportunidad de hacer una apuesta política convocante y que contribuyera a superar la polarización, pero que ha sabido desaprovechar: la lucha anticorrupción.

Este es quizá el tema que genera un mayor consenso en la sociedad colombiana: junto con Brasil, Colombia es el único otro país de la región que señala la corrupción como su principal problema, incluso por encima de la generación de empleo o las amenazas de seguridad, algo con lo que coinciden diferentes estudios sobre competitividad. Por su parte, desde el sector empresarial, la Andi y el Consejo Gremial han identificado la lucha contra la corrupción como uno de los asuntos que deben ser prioritarios para el gobierno.

No es sorprendente, entonces, que la ciudadanía apoyara con casi 12 millones de votos la consulta anticorrupción del pasado mes de agosto, situación que condujo a que todos los partidos políticos y el gobierno se sentaran para trabajar de manera mancomunada en los proyectos de ley.

Pero para el cierre de la primera legislatura el balance en este frente es bastante precario: proyectos hundidos por radicación tardía de ponencias y lluvia de impedimentos (reducción de salarios a congresistas), con escaso o ningún debate (cárcel sin privilegios, pliegos tipo, rendición pública de cuentas), con “micos” (hacer pública declaración de bienes, declaración de renta y registro de conflictos de intereses), o simplemente hundidos por falta de voluntad política (audiencias públicas presupuestales, límite a reelección en corporaciones públicas). Un tardío mensaje de urgencia por parte del presidente contribuyó a entorpecer estos procesos.

Con este lamentable antecedente en un aspecto que convoca a buena parte de la sociedad colombiana es difícil creer el mensaje de unidad que repite el gobierno. Sobre todo cuando el acuerdo más importante al que ha llegado surgió de una valiente movilización estudiantil, mientras ignora a una ciudadanía que en la consulta participó masivamente en las urnas.

Desconocer tal expresión de la voluntad ciudadana es un mal precedente, especialmente en un contexto en que, tal como afirma Duque, Colombia necesita trabajar hacia causas comunes. Si no se logró avanzar en la construcción de consensos en un tema como este, y con tal respaldo e interés ciudadano, ¿qué se puede esperar de otros procesos donde ignorar iniciativas individuales pasará desapercibido?

El mensaje de unidad del gobierno necesita de gestos concretos que animen a la ciudadanía a participar de la construcción de consensos; hasta ahora no los ha hecho. Seguimos esperando.