La semana pasada el Gobierno anunció que durante esta legislatura presentará un proyecto de reforma fiscal que girará sobre tres ejes: modificaciones a las restricciones que impone la regla fiscal, al gasto público y al recaudo de impuestos.

En materia de regla fiscal, los ajustes que se propondrían obedecen a la necesidad que se ha señalado de tiempo atrás de tener metas más realistas en materia fiscal. Si bien durante los últimos años los objetivos de déficit se han venido cumpliendo, estos han estado acompañados de incrementos continuos en el nivel de deuda que, en todo caso, no son bien vistos a los ojos de las calificadoras de riesgo. Los cambios en las métricas contribuirían a trazar y cumplir metas fiscales acordes a las finanzas del país, pero no atenderían directamente las preocupaciones sobre deuda que han aparecido en la discusión.

En cuanto al rubro de gastos, es bien sabido que allí se dispone de un muy limitado margen de maniobra, pues cerca del 85% de su total es inflexible por concepto de rentas de destinación específica, porcentajes establecidos por la Constitución y la ley, y vigencias futuras. Un ejemplo concreto son las transferencias que debe hacer la Nación a las entidades territoriales para financiar educación y salud.

Sumado a esto, resulta difícil pensar en cumplir objetivos de deuda vía recorte de gastos, en el escenario actual, donde lo que se requiere es un mayor dinamismo del gasto público que ayude a compensar, entre otros, la caída en el consumo de los hogares, que durante 2020 llegó a -5,2%, y que contribuya a corregir el golpe sobre el empleo.

En ese orden de ideas, más allá del marco general del proyecto, el énfasis sería en temas de recaudo; hasta allí nada nuevo. Ahora, Duque afirmó que con la reforma se buscará “eliminar la pobreza extrema en el país, atender a las familias más necesitadas con un ingreso de manera sostenible y solidario, y dejar resuelto el horizonte fiscal de corto, mediano y largo plazo que mantenga la confianza de los inversionistas de Colombia”.

Y es allí donde surgen los desacuerdos, pues es difícil pensar en recaudar los recursos para alcanzar tales objetivos con una reforma que preserve tratamientos preferenciales, y se centre en los temas de ampliación de la base gravable para el impuesto a la renta a personas naturales e IVA - a pesar de los avances en devolución a los más pobres. No sorprende entonces que aparezcan voces en contra de una posible reforma que mantenga los beneficios tributarios otorgados por la ley de financiamiento y deje al margen de la discusión el impuesto al patrimonio, dividendos, los impuestos a la tierra y las condiciones para incentivar su cobro, como muchos pronostican.

Tal vez el elemento clave sea darle a la discusión el sentido histórico que merece y que, lejos de tratarse de la reforma recurrente que tapa unos huecos para abrir otros, se aprovechara la coyuntura actual para, esta vez sí, apostar por un sistema tributario progresivo, equitativo y eficiente. Los desafíos de economía política estarán en la agenda.

No se pueden enfrentar situaciones excepcionales con medidas usuales y, bien manejado, el contexto actual podría convertirse en un detonante de transformaciones postergadas por años. Difícilmente habrá un momento más adecuado para hacerlas.