Más de $20.000 millones en pérdidas, departamentos desconectados del resto del país, preocupantes niveles de desabastecimiento en ciudades como Pasto y Popayán, un muerto y decenas de heridos son parte del saldo que deja la minga del Cauca. ¿Se trata acaso del trabajo de una organización indígena con enorme capacidad de movilización, o le faltó capacidad al gobierno para leer el momento del país y prepararse en consecuencia?

La experiencia internacional muestra que los países que han dado pasos para terminar una guerra son vulnerables a la emergencia de conflictos sociales de diversa índole. Este escenario, lejos de parecerse a la calma que normalmente se asocia al concepto de “paz”, se asemeja más a un ambiente caldeado que requiere un manejo delicado para consolidar la transición.

La lógica del argumento es sencilla: en un contexto de guerra se genera una forma dominante de analizar los fenómenos de la sociedad, especialmente, sus otros conflictos. La narrativa utilizada a nivel nacional con frecuencia se extrapola para explicar las problemáticas a nivel local, y en diversos ámbitos, asumiendo las mismas clasificaciones, sectores enfrentados y causas subyacentes, no pocas veces de forma incorrecta.

De esta manera, poner fin a un conflicto armado abre la puerta a que esas otras conflictividades broten. Comunidades con reivindicaciones históricas, sin el temor a ser estigmatizadas de pertenecer a uno u otro de los actores armados, se sienten empoderadas para abordar sus demandas, lo que usualmente se traduce en un escenario de mayor agitación social. Una política de transición exitosa consiste en entender este fenómeno y adoptar los mecanismos de diálogo para evitar que este nuevo escenario degenere en el uso de la violencia.

La situación del departamento del Cauca refleja este patrón. Al margen del conflicto armado, en el departamento subyacen profundas diferencias interétnicas, interculturales y disputas por la tierra de vieja data, situación que se agrava al sumar la lista de incumplimientos a los acuerdos pactados con los diferentes gobiernos. En un caso como este, quitarle terreno al accionar de los grupos armados -como empezó a notarse a medida que avanzaban los diálogos con las Farc- se traduce en un mayor protagonismo de esas otras conflictividades. Se crea la idea de que, sin la guerra de por medio, finalmente se podrán abordar los problemas que siempre han afectado a estas comunidades.

Prueba de ello es que incluso hoy, en un contexto con presencia del ELN, disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales, no le ha sido fácil a quienes han intentado estigmatizar la minga con los argumentos usuales. Algunos recurrieron a imágenes de hace más de seis años para tratar de confundir a la opinión pública, ante lo cual el mismo comandante de la policía del Cauca salió a reconocer que no había pruebas de infiltración.

Prepararse para gobernar en un proceso de transición como el que se inicia luego de la firma del acuerdo de paz se trataba precisamente de planear de manera anticipada escenarios de movilidad social exacerbada como el que se vive hoy en el Cauca y que podrían replicarse a lo largo del país. El manejo dado a esta situación revela que tal planeación no existió o que, como parecen mostrarlo varias de las señales recientes, en lugar de transición, lo que el gobierno tiene planeado es devolvernos al pasado.