En el año 2016 el diccionario Oxford eligió “posverdad” como la palabra del año. En ese momento, fenómenos electorales globales bien conocidos tenían conmocionado al mundo por las estrategias que utilizaron para su éxito. El balance de los tres años posteriores no es mucho mejor y, desafortunadamente, poco estamos haciendo para superar esta trampa social.

Distorsionar la realidad y permitir que haga carrera cualquier información, por incierta que sea, genera un claro beneficio privado para actores con intereses políticos específicos. Sin embargo, el costo de lograr tales resultados es afectar el bienestar colectivo, a través de su efecto en el desempeño de la democracia y la confianza en las instituciones.

No es sorpresa que, en tiempos de campaña electoral, muchos candidatos recurran a la difusión de todo tipo de información, incluyendo mentiras rampantes, para cautivar votantes incautos. Esta semana, por ejemplo, el aspirante a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay anunció en su cuenta de Twitter: “voy a garantizar un crecimiento económico superior al 6%. Así lograremos reducir el desempleo al 7% y acabar con la pobreza extrema en Bogotá”.

Si la propuesta del candidato tuviera algún asidero en la realidad, el trabajo de generaciones de economistas en todo el mundo carecería de sentido, pues desde la campaña de marras ya se encontraron las claves del crecimiento económico. ¡Ni el más ambicioso de los Premios Nobel se ha atrevido a tanto! Y si eso fuera verdad, ¿por qué contentarse con un crecimiento de apenas 6%? Poner un 9% o un 12% es igual de engañoso y hasta resultaría más atractivo.

Pero, claramente, este caso no es el único. Desde otras campañas se lanzan promesas igualmente fantasiosas, como megaproyectos de infraestructura ejecutados en tiempos récord, cifras de ensueño en nuevos cupos universitarios y convertir a nuestras capitales - en apenas cuatro años - en ciudades del primer mundo, por solo mencionar unos ejemplos. Mentiras, mentiras y más mentiras.

Más allá de las plataformas ideológicas de cada candidato, este tipo de promesas solo contribuye a deteriorar el nivel del debate, presiona a que algunos de los contendores respondan con anuncios igualmente arteros y la discusión entre en una espiral indefinida de promesas falaces.

Un anuncio que buscaba atraer votantes termina haciéndole daño a todo el sistema político, con una ciudadanía que cada vez tiene menor capacidad de distinguir entre propuestas reales y mentiras sin fundamentos, generando escepticismo hacia todos los candidatos por igual. Se pone en juego la legitimidad misma de la democracia a cambio del beneficio de aquellos que ganan con ese desencanto generalizado y estado de “río revuelto”.

Pero las condiciones actuales de la democracia - los enormes costos que nos ha dejado la llamada posverdad - deben obligar a que cada vez más este tipo de comportamientos sean denunciados por la ciudadanía y castigados de manera contundente en las urnas. Un primer paso sería denunciar y rechazar aquellas iniciativas orientadas abiertamente a embaucar electores; hay un largo trecho entre aspiraciones a tener una mejor sociedad e intenciones denodadas por engañarla.

Tendríamos una mejor democracia e instituciones más sólidas si somos capaces de cualificar el debate; la alternativa es que timadores profesionales nos sigan prometiendo paraísos terrenales.