La confianza bajo examen

La defensa del ajuste fiscal descansa en una secuencia aparentemente convincente: reducir el déficit, recuperar la confianza, atraer inversión y acelerar el crecimiento. La discusión está en lo que ocurre entre el primer paso y el último. Mientras llegan los beneficios de un menor riesgo financiero, los recortes pueden reducir ventas, empleo e inversión. Ese intervalo tiene consecuencias económicas y fiscales.

Colombia enfrenta esa transición con señales preocupantes. En agosto, la actividad económica cayó 0,04% anual. El terremoto obliga a interpretar con cuidado ese resultado, pero la debilidad productiva era anterior: en julio, la industria había caído 2,3%, mientras las ventas minoristas crecían 5,3%, según el Banco de la República. El consumo conservaba dinamismo sin traducirse de manera equivalente en producción industrial.
Precisamente por eso importa cómo se distribuye la capacidad de compra. Los hogares de menores ingresos destinan al consumo una proporción mayor de sus recursos.

Las transferencias amplían esa demanda y permiten que más familias participen del mercado. Reducirlas concentra nuevamente el poder de compra y debilita las ventas de quienes abastecen a esos hogares. El presupuesto del 2027 que el gobierno decretó las recortó de $9 a $7 billones. El Gobierno entonces pretende estimular la inversión retirando parte de los ingresos que ayudan a hacerla rentable.

La vivienda, por ejemplo, permite dimensionar lo que está en juego. En 2021, siete de cada diez viviendas sociales vendidas contaban con subsidio. Ahora, Camacol, Asobancaria y Asocajas proponen financiar 300.000 subsidios durante el cuatrienio. Estiman que $11 billones públicos permitirían movilizar $61,6 billones en vivienda. Sin embargo, el presupuesto decretado redujo el subsidio familiar de vivienda de $890.000 a $80.000 millones, un recorte del 91%. Mientras los gremios piden recursos para ampliar el mercado y movilizar inversión, el Gobierno plantea reducir el respaldo que permite a las familias comprar.

Un ajuste creíble puede reducir el riesgo del país y abaratar el financiamiento. Pero una menor tasa de interés difícilmente resuelve por sí sola la ausencia de clientes. ¿Cuánta inversión llegará para compensar la demanda retirada y en qué plazo? Grupo Cibest proyecta apenas 2,4% de crecimiento para 2027 y reconoce el costo inmediato del ajuste sobre la actividad económica.

La inflación estrecha aún más el margen. Recortar demanda puede moderar precios, mientras retirar subsidios energéticos puede elevar tarifas. Si persisten las presiones sobre alimentos y energía, el alivio del crédito podría tener un efecto neto negativo. Con la tasa del Banco de la República en 12,25%, la economía enfrentaría simultáneamente menos impulso fiscal y financiamiento costoso.

El recaudo también depende de esa actividad. Menores ventas debilitan el IVA y menores utilidades reducen el impuesto de renta. Presentar el recorte como una ganancia fiscal íntegra omite esa devolución de la cuenta.

Ahí está la inconsistencia central: prometer más inversión y recaudo mientras se debilita la capacidad de compra que los sostiene. El Gobierno está dando por resuelto, mediante la confianza, el problema económico que su ajuste puede profundizar.