La nueva generación de las empresas estatales colombianas

Satena es, quizás, uno de los mejores ejemplos de creación de valor público en Colombia. Vuela donde el mercado no quiere volar.

Mientras las aerolíneas privadas concentran sus operaciones en las rutas más rentables, Satena conecta territorios donde una pista de aterrizaje representa mucho más que movilidad. Representa presencia estatal, integración territorial y acceso a oportunidades.

Con una capitalización cercana a US$80 millones por parte del Gobierno Nacional, la aerolínea pasó de operar 11 aviones en 2022 a 26 aviones al cierre de 2026. Hoy conecta 100% de los aeropuertos habilitados de la región pacífica y pasó de tener 86 rutas en 2022 a tener 226 en 2026. Pero quizás el dato más importante no es ese. Lo verdaderamente relevante es que Satena ha permitido crear y estabilizar mercados donde antes no existían.

En muchos casos, cuando esas rutas logran consolidarse y volverse rentables, llegan nuevos operadores privados atraídos por oportunidades que antes no eran visibles. Sin embargo, Satena, en esas condiciones, no logra competir, lo que la obliga a desplazarse en búsqueda de nuevas rutas.

Ahí aparece una discusión fundamental para el futuro de la propiedad estatal en Colombia. El problema no es que el Estado impulse mercados y atraiga inversión privada. El problema surge cuando el riesgo se socializa, pero las ganancias terminan privatizándose, sin mecanismos que permitan compartir también los beneficios derivados de esas inversiones públicas.

Durante años, buena parte del debate económico en Colombia redujo las empresas estatales a una lógica defensiva: activos para privatizar o cargas fiscales sin capacidad real de transformar mercados. Este gobierno ha planteado una discusión distinta: entender la propiedad estatal como una herramienta estratégica para construir capacidades productivas, asumir riesgos de largo plazo y orientar sectores fundamentales para el desarrollo nacional.

La discusión de fondo no es únicamente cuánto participa el Estado en la economía. Es, sobre todo, una discusión sobre gobernanza del valor. Durante décadas, muchos gobiernos financiaron infraestructura, investigación y expansión de mercados asumiendo las etapas más inciertas del desarrollo económico, mientras las rentabilidades extraordinarias terminaron concentrándose casi exclusivamente en actores privados.

La pregunta, entonces, es inevitable: si la sociedad financia la creación de nuevos mercados, ¿cómo garantizar que parte del valor generado fortalezca también capacidades públicas y nuevas inversiones para el desarrollo?

Algunos países ya comenzaron a responder esa pregunta. Noruega, por ejemplo, transformó las rentas derivadas de sectores estratégicos en un fondo soberano público que hoy financia bienestar intergeneracional y estabilidad macroeconómica. El debate contemporáneo ya no es si el Estado debe asumir riesgos estratégicos, sino cómo construir mecanismos modernos de retorno público: participación accionaria, transferencia tecnológica o reinversión productiva. Esa será una de las discusiones más importantes para la nueva generación de empresas estatales en Colombia. Porque la transición energética, la infraestructura digital y la conectividad territorial requerirán inversiones pacientes y coordinación estratégica. Pero también exigirán instituciones capaces de garantizar que el valor creado colectivamente beneficie también al país que ayudó a hacerlo posible.