“Esta noche, mientras metía mis hijos en la cama, luchando contra el pánico que amenazaba con consumirme, me he dado cuenta de que, como madre, no tendré la oportunidad que mis padres tuvieron. No podré mirar a mis hijos y decirles honestamente que, si te esfuerzas lo suficiente y te sacrificas lo suficiente, entonces todo es posible. Hoy he aprendido que puedes tomar todas las decisiones correctas, hacer todo lo correcto, y aun así puede que no sea suficiente, porque tu Gobierno te ha fallado”.
Apartes de la Carta de Nicole Brandon al presidente Obama el 30 de junio de 2009, luego de conocer que perdió el empleo como consecuencia de la crisis financiera de 2008.
En Colombia el índice habitacional indica que 5.240.000 hogares tienen viviendas con fallas estructurales (que no deberían ser habitadas) y otras que deben ser repotenciadas para poder ser habitadas dignamente. Estos hogares equivalen al 30.1% del total de hogares del país, y aquellos que se encuentran en viviendas con problemas estructurales son el 7.47%; es decir, más de 1.200.000 hogares requieren con urgencia vivienda nueva. La problemática es mucho más grave en zonas rurales, o lo que se conoce como centros poblados y rural disperso, donde el déficit habitacional es del 68% y se requiere ayuda urgente para 485 mil hogares rurales con problemas estructurales. Este problema no solo tiene incidencia en las condiciones de vida de los colombianos de menores ingresos, sino que los sumerge en trampas de pobreza de las cuales es bastante complejo salir. Los niños y jóvenes de estos hogares tienen mayores dificultades para estudiar y conseguir empleos formales. Los adultos mayores viven en constante incertidumbre y tristeza por las condiciones en las que deben llevar los últimos metros de la carrera de la vida, preocupados por aguaceros, movimientos en masa, ausencia de servicios públicos, inseguridad, entre otras falencias que les restringen poder vivir dignamente.
Así que si asumimos que el Contrato Social -entendido como el acuerdo simbólico entre ciudadanos y Estado en términos de deberes y derechos- debe ser validado de manera permanente mediante la confianza cívica, es necesario entonces que el Estado comprenda que los impuestos son un fondo de protección colectiva que debe actuar en favor de atender deudas históricas, como es el caso de vivienda nueva, tanto urbana como rural, los mejoramientos de vivienda, y también las necesidades más sentidas ocasionadas por las coyunturas políticas, económicas o sociales. Alinear intereses no ha sido fácil para Colombia, debido a su multiculturalidad, las brechas regionales, las brechas dentro de las mismas regiones, la lucha por mantener el poder político, la corrupción y la ausencia de un proyecto de país han copado la agenda.
El “Acuerdo sobre lo fundamental” debe permitir a Colombia entender que el nuevo rol del Gobierno pasa por comprender que debe actuar en dos grandes frentes: el primero, a modo de seguro social atendiendo las problemáticas que el día a día trae como es el apoyo monetario temporal por la pérdida del empleo, atender las consecuencias derivadas de emergencias invernales, conectar a energía las zonas no interconectadas, proveer servicios públicos o impulsar matrícula cero para la población de más bajos ingresos. Y el segundo, marcar la diferencia en términos de la construcción del proyecto de país. Es precisamente este motivo, el que debe permitir una agenda de desarrollo de largo plazo en donde se logren concretar los proyectos de Gobierno y los de país.
Las coyunturas recientes evidencian que nuestro pensamiento es comúnmente de corto plazo. Creer que los problemas de inflación obedecen a costos de insumos o al gobierno de turno no solamente es ingenuo, sino que consolida que el país no ponga en el centro los problemas de fondo como lo es la concentración de la tierra, la informalidad, el desempleo, la pobreza, la corrupción, la tasa efectiva de tributación, la ilegalidad, el microtráfico, la baja calidad de los servicios de salud, la deforestación y el déficit habitacional.
Muchas de estas realidades saltan a la vista en las grandes ciudades y mucho más preocupante es el problema en las zonas rurales. Siendo Colombia un país con claras ventajas comparativas para desarrollar el sector agropecuario con potencial exportador, si no se mitigan problemáticas históricas y básicas como este déficit habitacional mencionado, será complejo poder hablar de un sector agropecuario competitivo, considerando pues que, como ya se mencionó, cerca del 70% de la población rural habita en viviendas que no deberían ser habitadas o que deben ser repotenciadas.
Finalmente, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales del próximo domingo, y que en campaña no han abundado las propuestas, es oportuno que para segunda vuelta o para quien resulte elegido en primera, presente su proyecto de país. Hasta el momento han abundado los fakenews, ataques a las personas, a los equipos, y el gran ausente ha sido lo que debería ser el fin último de cualquier proyecto político: el proyecto de país que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
De no presentarse, ¡el Gobierno de nuevo tendrá la culpa!