Es evidente que el Gobierno Nacional, de manera planeada ha preparado la propuesta de reforma tributaria para ser mediática. Quizás teniendo esto claro es que el Ministerio de Hacienda, alejado de la marcada tendencia que en el pasado lo caracterizó por un liderazgo técnico le ha presentado una reforma tributaria al país que no se corresponde con los años dorados del Ministerio, ni mucho menos con la realidad económica y social del país. Este planteamiento por supuesto no pretende desconocer que el país enfrenta un panorama fiscal retador, que las cuentas no cuadran y que la mirada al país en términos de riesgo ha empeorado de manera significativa. El aumento de la deuda, el deterioro de las finanzas públicas y la flexibilización de la regla fiscal ha pasado factura en deterioro de riesgo país y hoy se ubica en el último renglón de la calificación. Situación que de mantenerse lo puede llevar a perder el grado de inversión cayendo a grado especulativo y por ende encarecer el costo de endeudamiento.

Revisando algunas de las propuestas de la reforma tributaria pareciera que el diseño de esta tuvo como principal objetivo el establecer un articulado que de entrada fuera rechazado por el grueso del Congreso, los empresarios, las personas naturales, los gobiernos regionales y afectara a la clase media. Para un congresista resulta complejo aprobar una reforma tributaria que pretende recaudar $26 billones estando estos a cerca de seis meses de la búsqueda de mantener su curul en el senado y con medidas que restringen el ingreso disponible a las personas naturales y jurídicas. A los gobiernos departamentales un dolor de cabeza por los posibles impactos en la renta derivada del alcohol. En términos generales, el aumento del impuesto a las bebidas alcohólicas tiene un efecto directo sobre las ventas y por tanto afecta el ingreso de los departamentos. En un estudio realizado por Emmanuel Guindon en 2022 concluyó que el aumento de impuestos es doblemente eficiente; mejora el recaudo fiscal y disminuye el consumo recurrente y excesivo de alcohol. En este entendido, cobra sentido en términos de salud el aumento del impuesto. De llegar aprobarse, lo cual es casi remoto, significará que los departamentos realicen seguimiento al impacto en sus rentas y en especial requieran de una lucha frontal con el contrabando motivado por mayores impuestos a las bebidas alcohólicas.

Para el caso de los empresarios en especial de petróleo, carbón y vehículos híbridos un golpe directo a sus ventas y un desincentivo a la inversión. Esto refleja que las reformas tributarias carecen de propuestas contundentes para atacar el contrabando y la evasión, pero si castigan a las personas naturales y jurídicas formales. Todo esto se suma a que aumentos en precios de gasolina generan traslado directo a efectos inflacionarios. Una investigación realizada por Hernán Rincón del Banco de la República encontró que un aumento de 10% en precios de gasolina y Acpm aumenta en un 0,85% la inflación. Situación que de llegar a darse sería un golpe contundente a la economía y al bolsillo de los ciudadanos.

Hay que reconocer que la presentación de la propuesta de reforma tributaria es una oportunidad para que el país proponga una verdadera reforma tributaria, la cual debería incorporar unos infaltables en la agenda del próximo gobierno como: la reducción del tamaño del Estado en los primeros seis meses de Gobierno, una transición energética responsable con las finanzas públicas y el gasto público social, la creación de políticas de Estado que den estabilidad jurídica para la inversión en exploración y explotación petrolera, energía e infraestructura para la competitividad. Un Gobierno que reconozca que, solo aumentando la base empresarial, el empleo formal y la confianza mejorarán los ingresos, el recaudo, la atención de la deuda pública y se retomará el cumplimiento de la regla fiscal.

Una buena forma de arrancar el 7 de agosto de 2026 un nuevo gobierno no será un decreto de emergencia económica como algunos expertos lo sugieren. Más bien debería de sacarse un paquete de decretos en los cuales se priorice la estabilidad jurídica para el inversionista, se establezcan reglas de juego claras para los actores del sector energía, se plasme cómo el Gobierno honrará los compromisos pendientes en múltiples sectores (en especial, en salud y energía), se planteen instrumentos de alta gerencia pública encaminados a reducir el derroche y la burocracia. Es hora de comprender que cargos, ministerios y agencias no son necesariamente política pública y que la mejor forma de hacer visible las causas es con presupuesto de inversión e impacto en resultados económicos y sociales. Es momento de sincerarnos reconociendo que el país va a requerir de la unidad, acuerdos, sensatez y del compromiso de todos para atender una realidad fiscal que por sus números en deuda pública este año será la más alta de la historia.