Quizás términos como crecimiento económico, tasa de cambio, empleo, inflación, salarios y tasas de interés les resulten bastante comunes por su constante mención en los medios de comunicación. A pesar de esto, el día a día de las personas limita para comprender la relación entre ellos y la claridad para aceptar que objetivos conjuntamente deseables, como crecimiento económico, generación de empleo y una baja inflación, riñan entre sí.
Sin embargo, el crecimiento económico conlleva en cierta medida presiones inflacionarias que implican que el Banco de la República en su toma de decisiones, encaminadas a controlar la inflación, aumente las tasas de interés y establezca límites al crecimiento económico como en su pasada junta, donde incrementó en 50 puntos básicos la tasa de interés de intervención de política monetaria. La discusión sobre la disyuntiva entre crecimiento, empleo e inflación no es reciente, en su trabajo sobre la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Keynes planteó diferentes salidas a una economía que, para la década de 1930, estaba en serias dificultades a raíz de la Gran Depresión. Su planteamiento en materia de empleo sigue vigente; según este, la ocupación puede aumentar con un crecimiento de la inversión, a su vez esta depende del nivel de tasas de interés que favorece el incremento de la actividad económica.
En Colombia, los últimos cuatro periodos presidenciales evidencian un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de 2,4% año, cifra que, aunque positiva, no favorece el aumento significativo en el nivel del empleo, ni el progreso social. Especialmente, esta situación limita que la clase media se consolide en favor de contar con una economía más compacta, menos informal y con mayor poder adquisitivo. Es precisamente el favorecer el crecimiento económico vía tasas de interés y el fortalecimiento de las condiciones básicas en materia de infraestructura un vehículo propicio para que las economías emergentes como la colombiana aumenten la inversión, la capacidad productiva, la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Recientemente la Corporación Financiera Internacional (IFC) reveló que Colombia es el primer país de la región en materia de sostenibilidad del sector financiero. Este logro en gran medida se dio por las políticas regulatorias y de gobierno corporativo adoptadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y Asobancaria. Por tanto, la sostenibilidad del sistema financiero debe favorecer que no se pongan (al menos no por ahora) límites adicionales a los recientes al crecimiento económico aumentando las tasas de interés en medio de un proceso de reactivación económica que todavía no se consolida en materia de empleo, formalización, salarios y ventas de bienes y servicios por parte de los empresarios en fase de recuperación y que, por las cifras recientes, tendrán que absorber incrementos salariales en 2022 cercanos a 5% o incluso superior.
Retomando los planteamientos keynesianos, el inversionista cumple un papel fundamental en el largo plazo: promover el interés público. En este sentido, si el fin último de las políticas es el bienestar de la población, las medidas de política monetaria vía tasas de interés y fiscal desde los impuestos deben estar encaminadas a sostener el crecimiento económico en el largo plazo. Sin embargo, las presiones inflacionarias como las vistas recientemente (inflación de 4,51% anual con corte a septiembre, cuando la meta es de 3%) ocasionan tomas de decisiones por los hacedores de política, como es el caso de la junta directiva del Banco de la República (incremento de tasa de intervención de política de 2% a 2,5%) que busca controlar la inflación, pero que, como se dijo anteriormente, frenan el crecimiento económico, el empleo y la actividad económica.
Es importante resaltar que la defensa de mantener tasas de interés bajas para favorecer la reactivación económica, el crecimiento y el empleo obedece en cierta medida a que las variables que han generado el aumento de la inflación son ocasionadas por choques externos a la economía colombiana y, consecuentemente, difícilmente se pueden mitigar con las decisiones recientes de la autoridad monetaria aumentando las tasas de interés. Cobra especial atención la presión inflacionaria asociada a la crisis mundial de los contenedores, que incrementan precios de todo tipo de bienes (incluso alimentos), las secuelas del último paro nacional (donde aumentaron precios de algunos productos y no volvieron a bajar) y la tasa de cambio elevada, que no ha respondido siquiera a los incrementos en el precio del petróleo.
El comportamiento de la tasa de intervención de política monetaria y de la inflación 2002-2021, pese a los choques tanto internos como externos, ha estado relativamente controlada en los últimos 20 años. Esta situación permite plantear dos escenarios; uno, considerar una tasa de interés baja, que favorezca la inversión, el crecimiento económico y el empleo; o dos, limitar ese crecimiento incrementando tasas buscando el control de la inflación según las metas declaradas por la autoridad monetaria.
Finalmente, siento que luego de la desaceleración económica de 2020 y parte de 2021, bien valdría la pena concentrarse en darle oxígeno a la reactivación para sostener el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Para lograrlo, es fundamental reconocer que los choques externos vienen generando presiones inflacionarias y en este frente la autoridad monetaria tiene un actuar limitado. Esto favorecería que los próximos meses se logren mantener condiciones de tasas de interés competitivas para el inversionista y una tarea inaplazable para el nuevo gobierno: la construcción de una estructura tributaria que genere desarrollo económico y social.