El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry popularizó el termino ‘mermelada’. Su intención inicial consistía en que las regalías (pago que se efectúa por la explotación de recursos no renovables, en particular el petróleo) fueran distribuidas en todos los departamentos y municipios del país más allá de ser productores. En un sentido amplio, su apuesta consistía en generar mayor equidad social, promover el desarrollo y la competitividad regional.

Sin desmedro de su apuesta, que sigo considerando loable y vigente, el término acuñado fue perdiendo fuerza en su concepción original y ganó adeptos entre diferentes actores, para referirse al mecanismo utilizado para “aceitar” las maquinarias políticas y, en algunos casos, asociados a procesos relacionados con presunta corrupción. Situación que se ha convertido en un factor motivacional para apoyar las marchas, el vandalismo y las estructuras de corrientes políticas que quieren capitalizar en las urnas un descontento generalizado de la población con las deudas históricas del Estado y, de manera coyuntural, con un Gobierno que no ha logrado conectarse con la realidad territorial.

Las cifras recientes evidencian los retos que desde la defensa de la vida y la equidad debemos afrontar los colombianos:

· Una tasa de desempleo del país de 14,2% y que en población joven, de 14 a 28 años, está alrededor de 28%. Pues tres de cada 10 jóvenes está desempleado.

· 13.420.228 de empleados informales, que representan 64,4% del total de ocupados.

· Pérdida de ingreso de la población ocupada cada mes de $3 billones y un total de $36 billones anuales; equivalente a 1.188.273 ocupados menos y una disminución del salario promedio de los ocupados en febrero de 2020 de $1.115.385 mes a $1.055.244 en febrero de 2021.

· Un salario promedio mensual de los empleados informales de $684.699.

Lo anterior significa que, quien obtiene un ingreso de $684.699, es jefe de hogar y este hogar está conformado por cuatro personas, de inmediato sería clasificado como un hogar pobre (ingreso inferior a $1.324.000 mensuales) y en riesgo de pobreza extrema, toda vez que este se mide con $580.000 al mes.

Colombia requiere una versión de la mermelada 2.0 que, en vez de favorecer estructuras de oportunismos políticos, permita colocar en el centro la inversión en la gente. En este escenario, es imperativo en un contexto global priorizar una agenda de lo esencial; el medio ambiente, la agenda 2030, la igualdad de género, la automatización de procesos para reducir la burocracia y la evaluación de impacto en términos de subsidios que en muchos casos más que incentivar, ralentiza la actividad económica y la movilidad social. Esta nueva versión 2.0 de la mermelada debería incluir:

· Un impuesto a la minería de 10% de las utilidades con destinación específica para emergencia climática, deporte, cultura, emprendimiento y empleo.

· Eliminar el requisito de experiencia laboral para acceder a un cargo profesional en el sector público y privado.

· La reducción del valor de la cotización a salud hasta de 50% para los contratos de prestación de servicios profesionales inferiores a $2.500.000 al mes.

· La ampliación del cupo de obras por impuestos de un promedio de $200.000 millones año a $1 billón año para que las empresas privadas ejecuten directamente en los territorios obras de impacto local, regional y nacional.

· La devolución de 5% del IVA por la compra de productos nacionales.

· Reducir en 15% el aporte que realizan los empresarios a las cajas de compensación familiar para impulsar el empleo y entregar de manera directa al trabajador 5% del aporte que realiza el empresario para dinamizar la reactivación económica y mejorar el poder adquisitivo de las familias.

· Un impuesto del5% de las utilidades de los bancos destinado a los concejos municipales de la juventud para iniciativas de educación, empleo y emprendimiento.

En esencia, el país necesita una nueva agenda de desarrollo que materialice ejecuciones de política económica y social que impulsen la dinámica de la competitividad regional, el empleo, favorezca la equidad y reduzca la subsidiariedad, en especial en programas que no evidencian impactos en términos de equidad y progreso social.