Incendiar, bloquear o destruir los peajes no es un tema nuevo. Estos, al igual que figuras representativas como monumentos y esculturas de ciudades tanto de Colombia y del mundo, se han convertido en trofeo de manifestantes al expresar su inconformidad con situaciones, gobiernos de turno o deudas históricas. En el caso colombiano, durante 2020 han sido vandalizados cerca de 30 peajes. Si bien algunos de estos son considerados como injustos por los manifestantes o incluso han sido asociados a incumplimiento de promesas, también hay que decir que son el vehículo natural para la construcción de vías que tardarían décadas en materializarse.
Colombia avanza en la cuarta generación de concesiones viales (4G), con un ambicioso programa desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- que implica inversiones cercanas a $46 billones; la intervención de 5.000 km de vías, cerca de 1.000 km de dobles calzadas; 1.000 puentes; poco más de 100 viaductos y cerca de 100 túneles. En este entendido, las 4G son una clara apuesta por la actividad económica, la generación de empleo y la competitividad.
Además de posibilitar el incremento del recaudo para los municipios con el pago de impuesto de industria, la valorización de las tierras y la construcción de obras de compensación a lo largo y ancho del territorio nacional, que entre otras cosas han logrado la pavimentación de vías terciarias que han comenzado a generar equidad rural. Vale la pena recordar que los países no tienen vías por ser desarrollados, son desarrollados porque tienen vías.
Pese a los avances e impactos de las 4G, las afectaciones a los peajes reflejan, que además de estas obras que transforman la realidad nacional, también nos muestran que es imperativa una agenda de cumplimiento de los compromisos que tiene el Estado con diferentes sectores sociales y que crean un escenario ideal para la implementación de territorios inteligentes.
Las cifras evidencian retos que requieren ser abordados con carácter prioritario, pues pese a los avances, solo 15 de cada 100 colombianos tienen acceso fijo a internet y la velocidad de descarga del estrato 6 es 4,5 veces superior a la del estrato 1; situación que refleja una profunda brecha de acceso a conocimiento y por supuesto de limitación de oportunidades.
Proponer quemar los peajes (cambiar la infraestructura actual por una que incorpore la innovación y la tecnología) nos permite entender los retos que tenemos en materia de equidad. Esto implica que el país se vuelque en la promoción de políticas incluyentes en términos de innovación, solo así será posible que la tecnología reemplace el rol tradicional de peajes y por tanto el pago sea mediante lectores electrónicos de información que permitan cobros justos según la distancia recorrida por los vehículos, además de mejorar la seguridad vial, impulsar eficiencias en el recaudo y mejorar la confianza del ciudadano en las obras que generan beneficios económicos territoriales. En síntesis, impulsar territorios inteligentes permitirá que en el futuro los peajes (trofeos de las marchas) no serán necesarios para el cobro de las tarifas, será suficiente con que en las vías exista tecnología que incorpore el internet de las cosas (IoT).
Para implementar esta estrategia es necesario que el Presidente, en esta recta final de su mandato, adopte decisiones de cara al presente, pero con una agenda con miras a 2030 en donde, además de eliminar la infraestructura de peajes, en especial, avance en el cierre de brechas en materia digital.
La pandemia evidenció tres realidades: requerimos de la conectividad para acceder a empleos mediante plataformas digitales; incorporar tecnología en los sistemas educativos (la pandemia mostró que para que los estudiantes lograran el acceso a conocimiento fueron necesarias las fotocopias al no contar con conectividad), y que impulsemos el acceso al internet de las cosas como fuente de acceso a mercados y al desarrollo productivo del país.
Este cambio en la visión de país con miras a 2030, mejoraría en el mediano plazo indicadores asociados a capital humano (proporción de población con educación secundaria y superior); cohesión social (tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y la reducción de la tasa de desempleo); económicos (incremento del PIB per cápita); gobernanza (índice de percepción de la corrupción); medio ambiente (reducción de emisiones de CO2); movilidad y transporte (priorizando el peatón y el usuario de la bicicleta); planificación urbana (mejorando la prestación de servicios públicos); proyección internacional (comercio electrónico y ferias internacionales) y tecnología (velocidad internet, web index, wifi).
Por lo pronto, es fundamental que en una primera fase de los territorios inteligentes se impulse el cambio del alumbrado público tradicional (sodio y mercurio) por led, incorporando en esas luminarias internet de las cosas para la telegestión (lectura de operaciones de forma remota mediante dispositivos electrónicos de última generación); en un segundo momento, acceso a internet universal que amplíe las oportunidades de emprendimiento, fortalezca la educación y genere empleo en plataformas digitales para los jóvenes y, en una tercera fase, centros de monitoreo y control que prevengan y combatan el delito.