El anuncio de flexibilización de la regla fiscal (con el fin de adquirir más deuda por parte del Gobierno Nacional) en los últimos días es sin duda, el ejemplo de que en Colombia y en algunos países de menor desarrollo las reglas lamentablemente se hicieron para romperse. Aún con nuestros avances de país y sociedad, lamento reconocer que estamos muy lejos ser aquella sociedad que cierra brechas, reconoce la diferencia y respeta las normas. De mis raíces aprendí y en especial recuerdo que “no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla”. El país llegó a este momento tan crucial derivado del centralismo, del incumplimiento de promesas, de brechas que no se cerraron, de la concentración del poder de las decisiones en elites y centros de pensamiento que aunque con los avances en atracción de inversión, reducción de pobreza, infraestructura, educación y salud del país, no lograron comprender que más allá del logro personal, empresarial y de algunas poblaciones era necesario un proyecto de país perdurable que superara los gobiernos de turno y los egos embriagados por el poder temporal.

La decisión de flexibilizar la regla fiscal no es menor, todo colombiano debe saber que esto implicará sacrificios gigantes tanto en lo personal como empresarial en el presente y en especial en el futuro. No será el Gobierno actual el que sufra las consecuencias naturales que trae el flexibilizar las normas para endeudarse más y gastar más aun sabiendo que los ingresos que proyectó de manera errónea y con optimismo desmedido no se han materializado. Hay que reconocer que Colombia venía transitando por el establecimiento de la disciplina fiscal buscando un equilibrio, aunque no óptimo, sí cercano entre los ingresos y gastos del país. Para ello Colombia en el 2011 promulgó la ley 1473 conocida como la regla fiscal. Esta ley le colocó límites al gasto y al endeudamiento del Gobierno Nacional; esta medida no puede ser entendida como un simple capricho del gobierno de turno, sino que debe ser comprendida como un acto de responsabilidad con el país, con sus finanzas, con su estabilidad macroeconómica y en especial con su desarrollo económico y social. Este Gobierno no ha sido el gobierno de la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, ni mucho menos la de construir infraestructura para los servicios públicos que tanto necesita el país. En cambio, sí ha sido el gobierno de promover subsidios sin los estudios necesarios para la asignación de estos en pro de priorizar la superación de la pobreza, el acceso a oportunidades o la generación de incentivos que transformen la realidad social de largo plazo.

Con el exceso de gasto que implicará la flexibilización de la regla fiscal es necesario que cada colombiano sepa que definitivamente habrá reformas tributarias. Las deudas se pagan y por tanto, este incumplimiento disfrazado de flexibilización de la regla fiscal es garantía de impuestos futuros, del empeoramiento de las condiciones para la inversión, de un necesario recorte burocrático y de un inevitable ajuste a la inversión sectorial en especial a “programas sociales”. Este recorte sectorial en el nuevo Gobierno favorecerá que, al eliminar subsidios que carecen de evidencia de efectividad, se conviertan en el caldo de cultivo para promover nuevos estallidos sociales.

Quienes aspiran a liderar los destinos del país deben realizar esfuerzos significativos por hablarle a la base de la población, a ser empáticos con la realidad regional, con las dificultades que enfrentan sus poblaciones, entendiendo que se requieren soluciones heterogéneas superando los diagnósticos y conformando equipos con capacidad de ejecución y de gerencia pública. El panorama no es sencillo, toda vez que quienes han venido recibiendo subsidios no comprenderán fácilmente su eliminación o reorientación de estos. Esta flexibilización de la regla fiscal será especialmente costosa en lo político, lo social y lo económico. En lo político, madurez para comprender el momento y entender que el propósito superior es el futuro del país. En lo social, sabiduría para comunicar a la base de la población que lo que se está haciendo y va a hacer en materia de subsidios en este Gobierno es insostenible y requerirá ajustes necesarios e inevitables. En lo económico, racionalidad para enfrentar los retos que depara el país los próximos años en materia de estabilidad jurídica y tributaria para generar confianza inversionista y mejorar la calificación de riesgo que necesitará el país derivado de la mayor deuda y por ende mayor gasto.

Finalmente, mi mensaje a todos los actores es a realizar pedagogía para que todo el país entienda que sin estabilidad macroeconómica y fiscal es imposible pensar en protección social, servicios públicos de calidad, beneficios a la población más vulnerable y evitar crisis sociales. Por el contrario, estará despejado el camino para el populismo y la promoción de nuevos estallidos sociales.