*Mauricio Salazar - Juliana Morad

Para evaluar la reforma laboral es muy importante preguntarnos sobre su impacto en el mercado laboral. Pensar exclusivamente en la generación de más derechos laborales sin considerar la capacidad de los empleadores para reconocerlos, o considerar la generación de derechos sin atender la diversidad de trabajadores que podrán gozar de ellos, supone una mirada parcial y estrecha de cualquier reforma. Evaluar la reforma exclusivamente desde lo que en principio podría parecer ganar mayores derechos, pero omitiendo que a mayores regulaciones una gran parte de la población resultase excluida de contrato laboral, podría ser además injusto al mejorar a unos empeorando a otros al mismo tiempo.

Para entender cuál realidad la reforma aspira mejorar, proponemos una resumida radiografía del mercado laboral colombiano para plantearnos desde allí, las necesidades que tienen no los empleadores, sino los trabajadores colombianos y para poder plantear preguntas que nos permitan evaluar el proyecto de reforma laboral.

El empleo formal se caracteriza por ser el tipo de empleo más productivo, por brindar protecciones extras al trabajador en salud, por permitir cotizar a pensiones, entre otros beneficios. El empleo formal también realiza aportes adicionales al Sistema de Seguridad Social, subsidiando a los demás colombianos. De esta forma, una sociedad con alto empleo formal implicará no sólo mayores beneficios para los empleados, un aparato económico más productivo, sino más recursos para garantizar derechos a otros colombianos.

Sin embargo, el mercado laboral colombiano se caracteriza por ser un mercado con poca formalidad laboral, altos niveles de desempleo y baja cobertura pensional que en parte está relacionada con la baja formalidad laboral. Para mujeres, estas características van acompañadas con una baja participación laboral, explicada en parte por las tareas domésticas que son realizadas en gran proporción por ellas. Por otro lado, dada la poca cobertura pensional, se observa que poco más de 20% de los adultos mayores de 70 años aún necesitan empleo informal para subsistir. Todas las anteriores características se ven peor si comparamos a la ruralidad con la urbanidad.

Así, proponemos preguntarnos qué está haciendo la reforma laboral para incrementar la formalidad laboral, disminuir los niveles de desempleo y aumentar la participación. Resulta relevante pensar en los costos adicionales que crea por ejemplo la modificación de la jornada nocturna desde las 6 p.m. (ahora 8 pm) y el recargo dominical de 100% (ahora 75%). Y antes de juzgarlos rápidamente proponemos la siguiente pregunta ¿mayores costos para los empleos formales favorecerán la generación de empleo, la formalidad y la participación laboral?

Ahora bien, para enfrentar los bajos niveles de acceso a pensiones, la reforma laboral incluye un artículo que en las plataformas exige a los contratantes garantizar la cobertura frente al Sistema Integral de Seguridad Social. Esto podría facilitar: 1. La afiliación y cotización a la Seguridad Social y 2. El recaudo por parte del Sistema de Seguridad Social. La simplificación del trámite podría impactar positivamente los niveles de cobertura pensional. Sin embargo, para esto no es necesario laboralizar todos todas las relaciones que surjan con la plataforma.

Si hacemos un análisis pensando particularmente en las mujeres, la pregunta ya la podemos derivar ¿qué está haciendo el proyecto de reforma laboral para incrementar el trabajo formal de las mujeres? ¿para disminuir el trabajo de cuidado no remunerado? ¿para facilitar el cumplimiento de requisitos para una pensión de vejez? Algunos artículos podrían aparecer: 1. La extensión de la licencia de paternidad a 12 semanas puede disminuir la penalización a la que se enfrentan las mujeres en edad fértil al momento de ser contratadas por los costos eventuales en los que incurrirían los empleadores al contratarlas (tanto monetarios como de reemplazarlas mientras dura la licencia de maternidad). Sin embargo, toca también analizar qué impacto puede generar en costos la extensión de la licencia de paternidad. Y 2. Aplicar algunas medidas que ya tienen países de la región como Argentina y Uruguay y que exigen el registro de los contratos de trabajo de las trabajadoras del hogar que es un sector preponderantemente femenino, so pena de sanción. Este registro ha obligado a hogares a formalizar a sus trabajadoras para evitar eventuales sanciones ante las autoridades del trabajo competentes.

En la ruralidad resaltan las precarias condiciones laborales y pensionales para ambos géneros, pero más para las mujeres. En este punto, la reforma incluye unos cambios importantes en flexibilización de costos laborales en el campo: un jornal diario que integra el pago de prestaciones sociales y la propuesta de una cotización parcial al Sistema Integral de Seguridad Social. Si mayores costos pueden impactar negativamente la productividad, se esperaría que menores costos fomenten la productividad, el empleo y la formalidad. Por consiguiente, un enfoque diferencial al aplicado sobre la ruralidad se debería promover en las diferentes estructuras productivas de las ciudades: un enfoque diferencial se debería ejecutar de forma cuidadosa sobre las industrias y las empresas de diferentes tamaños, buscando promover y proteger los diferentes tipos de empleo que existen y buscar que los mismos se formalicen cada vez más.

Por otro lado, los aforados son definidos como unos grupos de trabajadores que no pueden ser despedidos (mujeres en embarazo, personas con problemas de salud, personas próximas a pensionarse y líderes sindicales). Al querer garantizar derechos que sobrepasen las posibilidades económicas de un país, a menudo se causa un efecto contrario al querido. En este sentido, en la actualidad encontramos mayores tasas de no participación laboral de los grupos a los que pertenecen los aforados. Valdría preguntarse ¿la reforma incentiva la participación laboral de los aforados? ¿Los mayores costos asociados a la desvinculación de estas personas que gozan de una estabilidad laboral reforzada generan un incentivo o desincentivo para su contratación? Sabemos que esto ya existe sin el proyecto de reforma, pero si queremos plantear las preguntas necesarias para impactar positivamente el mercado laboral debemos preguntarnos si los costos presentes asociados a la contratación de los grupos que gozan de estabilidad laboral reforzada incentivan su contratación o la desincentivan.

Finalmente, encontramos que en cinco sectores de 11: gas, eléctrico, financiero y transporte la tercerización supera 10%. Esto significa que hay empresas que tercerizan procesos en estos sectores. La pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente: ¿las limitaciones que trae la reforma laboral frente a las empresas que tercerizan podrían reducir los empleos totales que estas generan?

Dicho esto, el proyecto de reforma no parece atender los altos niveles de desempleo, informalidad y no participación y contrario a lo esperado podría agravarlos. Sin embargo, sí parece avanzar en la formalidad y empleo de mujeres y del campo y en la cobertura de Seguridad Social de trabajadores de plataformas.