La semana pasada, como ya lamentablemente es costumbre, el Congreso volvió a introducir más cambios regulato- rios bajo el argumento de favorecer a los afectados por la crisis económica derivada de la pandemia.

Prácticamente ha destruido el sistema de pensiones sin ofrecer una solución viable, está dejando una herencia de gasto fiscal con iniciativas que atentan contra la estabilidad del país, como la reciente aprobación de una nueva devolución de los aportes al ex-Fonavi. Pero no solo eso, sino que también llegaron hasta chantajear, como lo expresó el propio Presidente de la República, a su persona y al ministro de Economía si acudían al Tribunal Constitucional para presentar demandas a las leyes aprobadas que tienen consecuencias graves para la marcha futura del país. Y eso que la mayoría de normas que se debaten tiene en buena parte de ellas consignadas en su argumentación que no originan costo fiscal.

El peligro es latente porque mantienen una agenda de proyectos tributarios y laborales que pretenden debatir hasta el último momento que puedan sesionar a fin de aprobar el mayor número de iniciativas. Es decir, es alto el riesgo de incrementar la frondosa regulación que ya existe.

La situación se agrava por las expectativas que tienen varios parlamentarios actuales de postular posteriormente al Senado -razón por la cual pretenden que haya una cuarta legislatura para el retorno de la bicameralidad-, mientras otros legisladores tienen la mirada en las próximas elecciones regionales y municipales.

Y lo más grave es que los próximos integrantes del recinto de la Plaza Bolívar probablemente sigan esos pasos, a la luz de las propuestas exhibidas durante la campaña electoral, sobre todo los elegidos por Perú Libre con su pretensión de aprobar una nueva Constitución, como si fuera el principal problema del país. Además habrá congresistas más bisoños que los actuales, sin experiencia y con una curva de aprendizaje que tomará varios meses.

A lo cual hay que agregar que tendrá una conformación fragmentada y con la posibilidad de que aumente el número de bancadas por las características caudillistas de las diez agrupaciones políticas que estarán presentes en el hemiciclo. En esas circunstancias el próximo Ejecutivo deberá batallar fuertemente para promover sus iniciativas y lograr consensos. Por ejemplo, el nombramiento de los tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva que están a cargo del Congreso requerirá un trabajo arduo de consenso y posiblemente también la ratificación del presidente del instituto emisor que designe el Ejecutivo.

Las dificultades se acrecientan en un eventual Gobierno de Castillo por su carácter confrontacional y su intención de llevar a toda costa la conformación de una Asamblea Constituyente. Ya el candidato presidencial acaba de adelantar que un grupo de constitucionalistas afines a sus objetivos busca una salida para incluir esta opción en la Carta Magna.

En todo caso, las consecuencias para las expectativas empresariales a fin de que vuelvan a invertir no se verían favorecidas, y por tanto el crecimiento potencial del país se quedaría estancado en 3,4% como se estima actualmente, y hasta quizás disminuya.

Por eso, a la labor del Congreso actual bien se puede aplicar aquel refrán que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Aún queda tiempo para que el siguiente Parlamento reflexione y no vaya por esa senda.