En octubre del próximo año está previsto llevarse a cabo las regionales y municipales. En esta oportunidad, los comicios adquirirán una singular importancia. Por un lado, pondrán a prueba a las agrupaciones políticas que lograron pasar la valla en las últimas elecciones presidenciales y, por otra parte, será una oportunidad para los movimientos del interior del país, ya sean reciclados o nuevos. Momento también de las alianzas y sobre todo la posibilidad de que el partido propio que impulsa el presidente Castillo participe, en caso cumpla con los requisitos que exige la ley. También servirá para dilucidar, en caso intervenga, si obtiene más apoyo que Perú Libre.

La contienda electoral es una nueva ocasión para evaluar el proceso de descentralización y las capacidades de los gobiernos subnacionales y locales. Los resultados a la luz de los hechos están lejos de colmar las expectativas. Por supuesto que hay una cuota de responsabilidad de las autoridades que fueron elegidas en el interior del país, pero también del Gobierno nacional en no tener la voluntad política, en los últimos 20 años, de corregir los problemas y más bien apoyarse en los gobernadores regionales para obtener apoyo político a cambio de continuas transferencias presupuestales sin poner el énfasis en promover la inversión privada, ni siquiera en los casos de los proyectos de irrigación como la segunda etapa de Majes-Siguas en Arequipa, que languidece desde hace varios años.

Y es que uno de los puntos críticos centrales es la falta de capacidades. En el interior del país prevalece el clientelismo político sobre la meritocracia, salvo contadas excepciones. El esquema de Servir para proveer de gerentes a los gobiernos regionales fue utilizado muy poco, y año a año desfilan por la Comisión de Presupuesto del Congreso los gobernadores regionales solicitando más recursos, pese a que la ejecución de los fondos que se les asignan es muy bajo, aun para sectores tan necesitados como educación y salud. El reciente debate de la llamada reforma tributaria y el uso de los recursos desnudaron estas carencias.

A lo anterior hay que agregar que el destino del canon, regalías y sobrecanon es, en muchos casos, ineficiente. Por supuesto no podía faltar la corrupción, lamentablemente para el país. La mayoría de gobernadores regionales enfrenta acusaciones de irregularidades y aprovechamiento ilícito. Los diversos informes mensuales de la Contraloría General de la República evidencian el mal manejo de los fondos públicos. Sin embargo, las sanciones marchan con pies de plomo y las soluciones que se ofrecen como políticas públicas son muchas veces pura retórica y nada de acciones efectivas. Eficacia es una palabra vedada para los gobernadores regionales y los alcaldes.

Frente a esta situación, las agrupaciones políticas de derecha y de centro casi no llevan actividad en el interior del país. En la mayor parte de los casos tienen una participación exigua en el debate de sus zonas. La voz cantante se lleva en Lima y se pretende que su eco llegue al interior del país, pero sin ser presencial. Esos vacíos, por supuesto, son ocupados por agrupaciones de izquierda con discursos que en su mayoría tienen todavía la carga de los años 70. Y el Congreso resulta todavía más imprevisible, pues la correlación de fuerzas cambia continuamente y el interés por hacer reformas en el proceso de descentralización no está en su agenda.

Por tanto, las elecciones de octubre del 2022 ocurrirán muy posiblemente con un escenario a la baja del crecimiento económico y un enrarecido ambiente político como se ha tenido desde agosto de este año cuando se inició el gobierno de Pedro Castillo. Mientras tanto, los problemas de las regiones estarán en un segundo plano.