En los últimos días han circulado propuestas económicas del candidato Abelardo de la Espriella. Su diagnóstico parte de una intuición correcta: Colombia está atrapada entre populismo, captura política y un Estado que interviene mucho, produce poco y ni siquiera garantiza el orden. Hasta ahí, coincidimos. El problema aparece cuando ese diagnóstico se convierte en propuestas concretas que lo contradicen y terminan reproduciendo la misma inercia estatista que hoy encarna el petrismo. En términos reales: ningún cambio.

De la Espriella propone eliminar intermediarios entre agricultores y comerciantes como vía para “acabar el hambre” y acompaña esta idea con un repertorio de “intensa dirección política”: que sea el Estado el que conecte, establezca “precios justos” de alimentos e insumos, otorgue subsidios y crédito (a 2% de interés a plazos de hasta 30 años) y expanda la frontera agrícola, asegure las cosechas. Este conjunto de medidas no tiene nada de liberal: reproduce el totalitarismo económico del Acuerdo de la Habana.

El intermediario no es un especulador perverso, sino un coordinador. Reduce costos de transacción, asume riesgos, transporta en una geografía compleja y conecta oferta con demanda. Eliminarlo por decreto no abarata los alimentos: rompe las cadenas de suministro, destruye aprendizaje productivo y conduce al desabastecimiento y mercados paralelos, como si se impusiera un retén que impide el paso de los alimentos hacia las ciudades.

Lo mismo ocurre con el crédito dirigido y subsidiado. Un crédito a 2% a 30 años no es una política agrícola: es una transferencia encubierta, financiada por inflación, impuestos futuros, deuda o quiebras bancarias. El crédito artificialmente barato no crea productividad; la disfraza, asigna mal el capital, genera inflación y crear dependientes del político de turno.

Otra propuesta reveladora es que el Banco de la República fije el incremento del salario para “evitar que la decisión quede capturada por el populismo”. El error es de fondo: el problema del salario mínimo no es quién lo fija, sino que se fije. Trasladar la decisión del político al tecnócrata no elimina la distorsión; simplemente la vuelve más elegante. El salario es un precio y, como tal, transmite información clave sobre productividad, escasez y riesgo. Intervenirlo destruye empleo formal y expulsa a los trabajadores hacia el eterno refugio de la informalidad. Además, la composición futura de la Junta Directiva del Banco de la República seguirá reflejando mayorías políticas, por lo que el traslado al banco no corrige la politización del proceso.

La tercera crear un Régimen Creador Digital con menos impuestos y reglas simples va, en principio, en la dirección correcta. Reducir cargas y simplificar normas sí libera el potencial productivo. Pero incluso aquí reaparece el totalitarismo: “créditos a 0 % y apoyo estatal selectivo para tigres digitales”. No se necesita un Estado que apadrine sectores; necesita un Estado que no obstruya ningún sector y que reduzca la dependencia burocrática.

Aquí está el hilo común de las tres propuestas: regulación totalitaria. Un Estado limitado, creado para garantizar orden y libertad, no puede operar con instrumentos de agresión. Control de precios, crédito dirigido, subsidios sectoriales, fronteras agrícolas y “dirección política” no son herramientas neutrales: son los medios históricos de la izquierda, repetidamente fallidos y empobrecedores.

Colombia no necesita orden sin libertad, sino un orden que la haga posible: uno que permita a los ciudadanos perseguir su propia prosperidad. Para eso se requieren reglas generales que no discriminen, propiedad protegida, precios que informen y responsabilidad individual que discipline. Ningún orden será sostenible si se apoya la agresión que destruyen riqueza y perpetúan el conflicto. La verdadera corrección no está en la firmeza del tono, sino en el cambio de reglas. Porque cuando cambian las reglas, cambian los incentivos, y solo entonces el país empieza, de verdad, a ordenarse.

Ojalá el candidato recalcule.