El proyecto de decreto que regula la no causación del impuesto sobre plásticos de un solo uso plantea desafíos significativos para la industria en Colombia. Este decreto, enmarcado en un contexto legal más amplio que incluye la Ley 2232, que prohíbe la comercialización de plásticos de un solo uso, y la Ley 2277 de 2022, que creó el impuesto, impone un marco complejo de obligaciones. A esto se suma la Resolución 803 de 2024, que introduce modificaciones en la gestión de residuos de envases y empaques ya reglamentados en la responsabilidad extendida del productor y de productos plásticos de un solo uso, configurando un entorno regulatorio desafiante para las empresas productoras de plástico.

Este panorama genera dudas sobre la operatividad de la resolución y su capacidad para exonerar del impuesto a las empresas que invierten en economía circular para prevenir la contaminación. La Ley 2232 de 2022, que regula los plásticos de un solo uso, no establece sanciones tributarias directas, sino que se enfoca en su prohibición, sustitución y adecuada gestión, articulada con la responsabilidad extendida del productor. Por su parte, la Ley 2277 de 2022, en sus artículos 50 y 51, introduce un impuesto sobre los productos plásticos de un solo uso.

Esta legislación ha originado confusión en cuanto al hecho generador del impuesto y el sujeto pasivo, lo que ha dificultado su aplicación. Debido a esta ambigüedad, la Corte Constitucional recibió una demanda de inconstitucionalidad. En la sentencia C-506 de 2023 declaró la exequibilidad del artículo 51, pero dejó algunos puntos sin aclarar, como la comercialización en el territorio nacional.

Este marco legal exige que los productores amplíen su perspectiva y comprensión. Es esencial escuchar a los actores y habilitar capacidades en el país, apoyando a la industria con experiencias globales que armonicen obligaciones ambientales y tributarias. Las empresas deberán cumplir con un calendario estricto, lo que subraya la necesidad de establecer mesas de trabajo entre ministerios y el sector empresarial para asegurar un entendimiento efectivo de las regulaciones.

La implementación del impuesto enfrenta retos urgentes. Es clave una comunicación efectiva y una mejor articulación entre normativas ambientales y tributarias para crear un marco regulatorio claro que permita a las empresas adoptar la circularidad como base de su competitividad.

En conclusión, como país perdemos al no avanzar en la gestión sostenible de materiales y al no invertir en la formalización de capacidades y creación de empleos verdes, lo que limita el valor de la cadena del plástico. También, las empresas enfrentan el dilema de invertir con propósito o pagar un impuesto diseñado para prevenir la contaminación. Por otro lado, ganamos al fomentar el desarrollo estratégico y maximizar oportunidades para generar valor social y proteger el capital natural mediante una normativa eficiente. Solo con un marco regulatorio claro y mesas de trabajo funcionales, podemos mejorar el aprovechamiento del plástico y su reincorporación en la cadena productiva para evitar la contaminación y maximizar el valor económico a lo largo de toda la cadena.