El servicio público en Colombia implica tener blindaje contra la infamia y las calumnias. En esta época de redes sociales circulan, como si fueran ciertas, versiones sin ningún relato ético o de conciencia, sin pruebas o sustentos. La libertad de expresión se ha desdibujado y, a su amparo, se atenta contra la honra y el buen nombre de quien sea objetivo de intereses oscuros, corruptos o codiciosos. No poso de ingenua, pues mi conocimiento de la política inició en las entrañas del Congreso y junto a uno de los operadores más singulares del ecosistema nacional. Por esto, pocos episodios tienen la capacidad de sorprenderme: agendas dobles, relaciones interesadas, soledad en las batallas.
También sé que el servicio público honesto nos obliga a la ingratitud. He debido distanciarme de amigos, familiares y exjefes que hoy sufren de memoria selectiva. De hecho, tuve que pagar el precio hace un año al elegir no ceder ante constreñimientos ni chantajes. Un precio doloroso y que al parecer para algunos no ha sido suficiente.
Le he reportado a la Fiscalía sobre estos ataques a través de las redes sociales con mensajes interesados y entrampamientos. Allí denuncié un caso por violencia política contra la mujer, cuya indiciada es una de las muy seguras “fuentes bien informadas”.
Por mi condición de mujer joven he tenido que soportar ataques desde columnas de opinión, “periodismo investigativo” y otros “géneros”. El único sustento de estos ataques son fuentes no verificadas, preguntas sugestivas, malintencionadas y perversas, y sin el más mínimo rigor periodístico que permita ofrecer mi versión. Ataques que han navegado en un territorio que en ocasiones parece ser una oda a la impunidad: las redes sociales. Y en un país donde al parecer las únicas que tenemos que dar explicaciones y renunciar a nuestros cargos somos las mujeres.
Mi nombre, apellido, cargo, experiencia, y condición socioeconómica han sido denigrados por quienes se catalogan como periodistas y suponía que tenían un sentido ético, a prueba de intrigas y odios. También por jóvenes periodistas que con ligereza se apuntan a buscar renombre sin ninguna responsabilidad, a costa de la dignidad ajena. Convertidos en héroes de ocasión a pesar de que han salido de los medios precisamente por la ligereza de sus palabras. No les importa confundir Diana Valencia con Daniela Andrade, tampoco verificar renuncias, estados civiles, fechas y tiempos en los cargos. No les importa indagar que al momento de los nombramientos mencionados la “silla del poder” la ocupaba otra persona. Son notas muy posiblemente gestionadas sólo con el objetivo de dañar. Sé que estas palabras invocarán furiosos y sesgados registros de los que habitualmente me atacan. Adelante, no les temo, no tendrán sino fuentes interesadas y refundidas en los juegos del ego, porque en lo que a mí se refiere seguiré trabajando de manera transparente y ética por el país.
La justicia, en la que siempre he creído, va más lenta que las secuelas de los daños reputacionales y de imagen que van dejando las cobardes redes. Pero ante ello existe la valentía y la integridad que no se divulga pero que reside en mi consciencia (sí con s).
Como funcionaria, me debo a la justicia para dar las explicaciones que mis actos públicos demanden, y nadie podrá decir que no lo he hecho. Sólo espero que ahora no se me pida responder también por mi vida privada, pues hasta mi forma de vestir es de interés público. Lo que sí puedo es responder por mi relacionamiento con gremios y grandes grupos empresariales. Primero, han sido públicos. Segundo, de pleno conocimiento del presidente. Y tercero, y más importante, para responder a una pregunta absurda y públicamente formulada, los gremios y empresarios saben que no uso intermediarios ni tercerizo a personas de mi círculo social o familiar; el interrogante se hubiera podido despejar con sólo preguntarles a los anteriores. Habría sido más fácil para quienes deberían tener como propósito la verdad.
Quiero aclarar en uno de los medios que aún hacen periodismo: a pesar del irrespeto y las insinuaciones de una opinadora, yo solo transmito las instrucciones del presidente. Los funcionarios y ministros que han salido y saldrán del gobierno obedecen a sus disposiciones. Las afirmaciones en sentido contrario son una falta de respeto hacia él. Insinuar que he sacado a funcionarios por estar investigándome no solo me parece grave por lo antes mencionado, sino porque pone a la luz la usurpación de funciones que solo le corresponden a la justicia.
El cargo en el que estoy no fue buscado por mí y no estoy aferrada a mi silla. No tienen que pagar campañas en redes pidiendo mi renuncia, ésta siempre ha estado en el escritorio del presidente para cuando él lo considere.
Nadie debe estar por encima de la ley. Ni los funcionarios que están mencionados en matrices de colaboración, ni quienes bajo el escudo de columnas de opinión lanzan, en preguntas veladas, afirmaciones malintencionadas. Por tal motivo, he iniciado e iniciaré las acciones legales cada vez que corresponda, pues creo en la democracia y en las instituciones.
El episodio más reciente, que seguramente no será el último mientras ocupe este cargo, consistió en cuestionarme por las supuestas “andanzas” de mi hermano y calificarlo como mi “talón de Aquiles”. A mi hermano hoy no le pueden imputar ningún delito, abuso o enriquecimiento, pues solo hay pruebas de que trabaja en el sector privado, sin nexos ni gestiones ante el gobierno. Su “delito”, al parecer, es ser mi hermano y, quizás, haber asistido a un par de encuentros sociales por encima del estrato social al que, sin vergüenza alguna, pertenecemos.
He realizado y realizaré mi trabajo con lealtad y honestidad, sin agenda propia o negocios turbios, cosa que otros no pueden decir, en este y en otros gobiernos. No pienso usar mi juventud para pasar por ingenua y desconocer que los intereses oscuros que me rodean me ven como un obstáculo a remover y otros como un instrumento a utilizar. Aunque sí suene ingenuo, sueño con una Colombia mejor: para mi hijo, para los más vulnerables y olvidados, y para todos los colombianos. Me quedo con la sonrisa de las mujeres de los territorios excluidos, de los abrazos de quienes me alientan a seguir adelante. Por eso creo en este gobierno, el gobierno del cambio, del primer paso para el gran cambio.
Nota: Espero que, a la publicación de mi opinión, sea ya noticia documentada que me retiré desde el 29 de agosto del año pasado de la sociedad ALA Consulting, que no ha tenido actividad comercial desde entonces y que, según registros públicos en el Secop, nunca tuvo relación con el Estado.