La semana pasada le llovieron críticas a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Quizás inspirada en John F. Kennedy, pero con peor prosa, dijo que con esta pandemia la cosa no es “atenidos a ver qué hace el gobierno por cada uno de nosotros. Es qué hacemos nosotros para que el país progrese”. Ella respondió disculpándose, aclarando que no se refería a los hogares que reciben un apoyo del Gobierno por la crisis, e insistió en que la sacaron de contexto y no merece el linchamiento mediático.

Como lo reportó este diario, comparándonos con pares en la región los apoyos colombianos a los hogares pobres y vulnerables no lucen nada generosos. Es pertinente entonces la aclaración porque la Vicepresidenta estaría tildando de hiper-atenido, de paso, a todo el continente. Y ni hablar a los ciudadanos del mundo desarrollado. Pero sus palabras no dejan de despertar algunas preguntas.

La primera es sobre la concepción que tiene la funcionaria de las prestaciones y seguridad social. Afirmó: “necesitamos que los trabajadores hoy valoren sus empresas más que nunca, agradezcan la bendición de tener un trabajo formal, unas prestaciones, una seguridad social”. Llamativo que considere obra divina que un trabajador reciba en su trabajo lo que le corresponde por derecho. Yo pensé que había que agradecerle a nuestra Constitución que consagra el derecho a un trabajo digno y justo, no a Dios.

Aunque en la misma intervención la Vicepresidenta destacó la importancia de formalizar a las empresas, su lenguaje refleja esa norma social permisiva con la informalidad que, junto a otros problemas, dificulta combatirla. Con razón en Colombia tener un trabajo formal es un privilegio. Con razón, también, hay empresas como Rappi que sin sonrojarse se declaran la nueva alternativa de ingreso para cientos de miles de personas que, al mismo tiempo, no son sus empleados, sino sus usuarios. Que agradezcan la bendición de tener ARL, supongo.

La segunda pregunta que surge es quiénes son los atenidos. No encontré esa aclaración en las declaraciones de la Vicepresidenta. Pero podemos especular.
Mi lista la encabezan las empresas y sectores que hoy reciben millonarias exenciones que pagamos los demás contribuyentes. Esos regalos, los de siempre y los que repartió este gobierno con su Ley de (Des)financiamiento, producen al menos siete plagas: erosionan el recaudo, crean un sistema tributario complejo y difícil de administrar, facilitan la evasión y elusión, desnivelan la cancha creando inequidad y afectando la productividad, transfieren rentas a grupos poderosos de forma poco transparente, son muy difíciles de eliminar y promueven la búsqueda de más regalos.

Por eso, insisto en que esta coyuntura es ideal para tomar la bandera de la Vicepresidenta, eliminar exenciones y subsidios diferenciados, y más bien reducir la tasa de tributación sobre todas las empresas. Coincide Eduardo Lora en su análisis reciente sobre las reformas que se vuelven más necesarias (y posibles) con la crisis cuando dice que eliminar exenciones perjudica a grupos de interés, pero beneficia a las demás empresas y a todos los consumidores.

También puntean en el ranking de los atenidos los colombianos de ingresos y patrimonios altos. Empecemos por reconocer que, en promedio y sin negar las excepciones, su fortuna obedece más a la lotería de la cuna que a otros factores. Sin embargo, viven en un régimen tributario que no atiende al llamado de la Vicepresidenta, que en sus declaraciones invitó a: “tomar consciencia de la solidaridad, de la responsabilidad que tenemos con todos.”

Un mecanismo central de solidaridad en una sociedad es la tributación al ingreso personal. Pero en Colombia las tasas efectivas sobre el ingreso de las personas son muy bajas, y el sistema tributario no es suficientemente progresivo, al punto que no redistribuye.

Tal vez Marta Lucía hizo un poco de introspección. Según indica su declaración de renta para el año 2018, pagó cerca de $18 millones, o una tasa efectiva cercana a 8,2% frente a un ingreso de $219 millones. Ese porcentaje, es bajo para un individuo promedio en los países de la Ocde (a la que presumimos pertenecer) e irrisorio para individuos de ingresos altos, como es su caso.
Marta Lucía también reportó un patrimonio cercano, pero inferior, a los $2.000 millones.

Esta cifra neta corresponde a cerca de $7.700 millones de patrimonio bruto menos unos $5.700 millones en deuda. El perfil coincide con un patrón común que encontraron Juliana Londoño-Vélez con Javier Ávila-Mahecha en su cuidadoso estudio sobre el impuesto al patrimonio en Colombia: usando estrategias como fabricar deudas ficticias interpersonales, los patrimonios se suelen agrupar por debajo de los límites que implicarían mayores impuestos.

Recordemos que la elegibilidad para el impuesto al patrimonio establecida desde 2014 iniciaba en patrimonios líquidos de $1.000 millones, con un incremento en la tasa para los superiores a los $2.000 millones.
No especulemos sobre si este fue el caso de la Vicepresidenta, quien seguramente declaró conforme a la ley.

Y, en todo caso, según estableció la Ley de (Des)financiamiento del 28 de diciembre de 2018 y ratificó la de crecimiento del 27 de diciembre de 2019, el impuesto aplica ahora solo para patrimonios líquidos superiores a los $5.000 millones. Resistamos la tentación de comentar sobre los nombres y las fechas de expedición de estas leyes, pues acá lo que interesa es constatar que, por la vía del impuesto al patrimonio, no llegará la solidaridad que Marta Lucía reclama.

Al final, el “momento Kennedy” no le salió bien a Marta Lucía. Más que invitación a la ciudadanía, cabía autocrítica y llamado a su Gobierno y colegas de gabinete (y eso que no hablé de Panamá y sus papeles). Pero estoy de acuerdo: es hora de pedir más a los ciudadanos que tienen con qué. Y recordemos que cuando Kennedy dijo “no te preguntes por lo que tu país puede hacer por ti, sino por lo que puedes hacer por tu país” la tasa marginal de tributación sobre el ingreso de las personas en Estados Unidos llegaba a un máximo de 91%. Hoy, en Colombia, alcanza un 39%.