Hace unas semanas escribía en estas páginas sobre el terremoto que golpeó a Venezuela. Nunca imaginé que tan poco tiempo después estaría escribiendo sobre uno en Colombia. Esta vez se siente inevitablemente más cerca: Cali, la ciudad donde nací, está entre las ciudades afectadas.

Para quienes vivimos fuera hay una sensación extraña de distancia y cercanía. Seguimos las noticias, buscamos cómo ayudar, hacemos llamadas, conectamos personas y recursos, y aun así queda la frustración de sentir que nunca es suficiente. En los primeros días de una tragedia la solidaridad se moviliza rápidamente. Esta semana, en Cartagena, la campaña impulsada por la Andi y sus afiliados superó los $40.000 millones en donaciones. Es una extraordinaria muestra de generosidad, pero es apenas el comienzo.

Después de la emergencia viene una tarea mucho más larga y compleja: convertir esa movilización en resultados. El desafío deja de ser solamente cuánto dinero logramos recaudar y pasa a ser qué tan eficientemente somos capaces de utilizarlo. Cuánto tarda una familia en recuperar su vivienda, una escuela en volver a recibir estudiantes, un hospital en funcionar plenamente o una empresa en reabrir sus puertas son indicadores mucho más importantes que el valor de los recursos anunciados.

La reconstrucción es, en buena medida, un enorme desafío de ejecución. Requiere establecer prioridades, coordinar al Gobierno nacional con autoridades locales, empresas, organizaciones sociales y organismos multilaterales, contratar con rapidez sin sacrificar transparencia y, sobre todo, definir responsables, plazos y resultados que puedan medirse. Eso supone también hacer visible el avance.

En un esfuerzo de esta magnitud, la confianza dependerá de que ciudadanos, empresas y donantes puedan saber qué recursos se recibieron, dónde se asignaron, qué proyectos están en marcha y cuáles presentan retrasos. La transparencia no debe entenderse únicamente como un mecanismo de control, sino como una herramienta de gestión. Cuando los objetivos, responsables y tiempos son públicos, resulta más fácil identificar cuellos de botella, corregirlos y mantener la presión para que las promesas se conviertan en resultados.

La solidaridad puede movilizar recursos en cuestión de días; convertirlos en infraestructura, viviendas y actividad económica exige gestión.

Este proceso también nos plantea una pregunta: ¿debemos aspirar a recuperar lo que existía antes o aprovechar este momento para pensar qué podría hacerse mejor? Una tragedia como esta deja al descubierto vulnerabilidades, desde la calidad de la infraestructura hasta las diferencias en la forma como las comunidades pueden enfrentar una pérdida inesperada. Tal vez reconstruir implique no solo reparar lo que se dañó, sino aprender de aquello que el terremoto nos permitió ver.

Colombia ha demostrado muchas veces una extraordinaria capacidad de movilización frente a la adversidad. El reto será mantener ese mismo impulso cuando pase la emergencia y la atención inevitablemente empiece a disminuir. La tarea será larga y necesitará de todos: del Estado, de las empresas, de las organizaciones sociales y también de quienes, desde lejos, seguimos buscando cómo ayudar. Quizás allí esté una medida más exigente de nuestra resiliencia, no simplemente en nuestra capacidad de levantarnos, sino en la de mantener el compromiso y reconstruir mejor.