Finanzas abiertas: la revolución silenciosa

Durante años, los colombianos han entregado su información financiera a bancos y entidades sin tener un control real sobre ella. Cada pago, ahorro, crédito o transferencia quedó almacenado en sistemas que, en la práctica, funcionaban como “islas” cerradas.

Sin embargo, el Decreto 0368 de 2026 marca un importante punto de inflexión: ahora serán los ciudadanos quienes decidirán quién puede acceder a sus datos financieros, para qué se utilizan y cómo esa información puede convertirse en una herramienta para acceder a mejores oportunidades en ahorro, crédito e inclusión financiera.

Más allá de un cambio de carácter tecnológico, Colombia está entrando en una nueva etapa en la que los datos dejan de pertenecer exclusivamente a las entidades financieras y comienzan a trabajar a favor de las personas. El cambio más importante es que la información financiera deja de estar “encerrada” en una sola entidad.

A partir de ahora, cualquier ciudadano podrá autorizar que su historial financiero sea compartido con otra entidad para buscar beneficios concretos, como créditos con tasas más bajas, seguros más económicos o productos financieros ajustados a sus necesidades. En otras palabras, los datos dejan de ser una barrera y se convierten en una herramienta de negociación para el usuario.

Además, el intercambio de información ya no dependerá únicamente de acuerdos voluntarios entre entidades. El Decreto 0368 de 2026 obliga a los bancos y actores financieros a habilitar mecanismos tecnológicos seguros y estandarizados para compartir datos cuando el ciudadano así lo autorice. Esto significa que las entidades deberán construir conexiones digitales (conocidas técnicamente como APIs) para que la información fluya de forma rápida, transparente y segura.

Quizá el aspecto más llamativo y transformador del Decreto sea su impacto en inclusión financiera. Millones de colombianos (trabajadores informales, pequeños comerciantes, agricultores o jóvenes sin historial crediticio) han permanecido excluidos del sistema financiero porque, para la banca tradicional, sencillamente “no existen”.

De acuerdo con el documento “Finanzas abiertas e inclusión financiera en Colombia: elementos fundamentales para su implementación”, elaborado por organizaciones como la Fundación WWB Colombia, Asobancaria y la Banca de las Oportunidades, entre otras, el país contaba con cerca de 5,3 millones de micronegocios al cierre de 2022, según la encuesta Emicron del Dane, y solo 30% tenía acceso a financiación formal. Además, uno de cada cuatro emprendedores que solicitó crédito terminó recurriendo al “gota a gota”.

Frente a este panorama, el nuevo modelo permitirá utilizar datos alternativos (como pagos de servicios, movimientos cotidianos o transacciones digitales) para demostrar capacidad de pago y construir confianza financiera. Esto podría abrir la puerta del crédito formal a miles de personas que hoy en día siguen dependiendo de mecanismos informales y altamente costosos.

El Decreto también introduce medidas de seguridad para proteger la información de los ciudadanos. Si una persona autoriza a una aplicación para acceder a sus datos, el banco deberá confirmar nuevamente que realmente fue ella quien otorgó el permiso. Además, el usuario decidirá qué comparte, con quién, durante cuánto tiempo, y podrá revocar el acceso cuando quiera.

En el fondo, el Decreto 0368 de 2026 busca transformar el sistema financiero colombiano. La apuesta es pasar de un modelo cerrado, donde las entidades controlaban la información, a un ecosistema más abierto, competitivo y centrado en el ciudadano. Más que una reforma tecnológica, esta puede convertirse en una herramienta de democratización financiera e inclusión económica para millones de colombianos.