Reducidos a un país descertificado, con incremento de cultivos de coca, con gran parte del territorio colombiano copado de grupos criminales y con una reforma tributaria en discusión, que potencializará más a los malos que a los buenos.

En Colombia hay análisis suficientes que prueban que el contrabando, es una herramienta del lavado de activos y que está directamente involucrado con el narcotráfico. En un ejercicio fácil de entender, un narcotraficante al exportar cocaína obtiene dólares, euros y otras divisas; con esos recursos se compran en el exterior cigarrillos, licores, textiles y otros bienes. Esos productos ingresan al país, vía contrabando y se monetizan con su venta en pesos. Por eso el contrabando es una actividad que financia el narcotráfico.

Esta reforma propende a fortalecer este triunvirato, entre contrabando, lavado de activos y narcotráfico, a tal punto que la cocaína se monetiza en pesos a través del contrabando. Veámoslo con este ejemplo. En su mesa, hay cuatro botellas de licor, según las cifras de Euromonitor, la Federación Nacional de Departamentos y la Policía Nacional, una de esas cuatro botellas es ilegal, ahora bien, si vamos a departamentos como La Guajira, Magdalena, Cesar o el Atlántico, son dos de las cuatro botellas que son ilegales.

La reforma tributaria lo que busca es que las botellas que son legales, no provenientes del contrabando, suban su precio a más de un 25%, generando que, desde el ejemplo de las cuatro botellas, el consumidor busque aliviar su bolsillo, consumiendo dos o más de esas botellas ilegales, asimismo en las regiones mencionadas pasaría a que tres de cuatro botellas sean ilegales.

Si hacemos el ejemplo con los cigarrillos, el producto se encarecería irracionalmente, el precio puede variar según la región del país, pero en promedio pasaría una cajetilla de $5.800 a $12.000, mientras que una de contrabando continuará costando entre $3.000 y $4.500. El consumo se trasladará hacia el producto ilegal.

Si nos detenemos a analizar el incremento del IVA y del impuesto al carbono de la gasolina y el Acpm, se privilegia a los “bachaqueros”, que su nombre proviene de Venezuela, de una hormiga de gran tamaño “bachaco” y que se dedican al contrabando de gasolina y de Acpm desde Venezuela y se distribuye con sus aliados que son los pimpineros. Esta práctica ilegal, conocida en el norte de Colombia, se extendería por todo el país.

Otro ejemplo, es el excesivo incremento del impuesto a la renta en un 50% a las instituciones financieras, que llevaría a potencializar al esquema criminal del crédito gota a gota y si suman que dentro de este sector están los fondos de pensiones se quedarían, vía renta, con lo poco de nuestro ahorro pensional; si la Corte Constitucional avala esa reforma. Y ni qué hablar, cómo se fortalecerían los mineros ilegales, quebrando como ya casi los tienen a los legales con una tarifa absurda, también en renta.

Algunos de los buenos colombianos se tendrán que ir a la fuerza y lo explico con otro ejemplo, imagínese una finca de 100 hectáreas, y que cada año le debe dar al gobierno 5 hectáreas, el siguiente año otras 5 hectáreas, y así hasta que hayan pasado 10 años, ya no tiene 100 hectáreas, sino la mitad. Sí, le da la mitad en solo 10 años de todo un esfuerzo de décadas generacionales. Discrepo de algunos colegas que exponen que el impuesto al patrimonio es confiscatorio, para mí es expropiatorio.

Todas estas realidades demostradas me llevan a la reflexión de que esta tributaria terminará fortaleciendo a esos caricaturescos seres diminutos, de cuatro dedos, con cola pequeña y redonda, de piel azul y que hoy están más felices que en la serie, porque están llevando a Colombia a ser reducida a su aldea.