Los números de la emergencia

Mucho se han protestado los intentos del Gobierno de declarar “emergencias económicas” para justificar nuevos tributos, algunos de los cuales han sido previamente rechazados por el Congreso. De entrada, se supone que en Colombia, como en la inmensa mayoría de las democracias, solo el Legislativo puede establecer impuestos. Para resaltar su autoritarismo, con estas imposiciones el Gobierno pretende castigar a determinadas actividades, hasta el punto de hacerlas inviables económicamente. Para rematar, se exige que estas onerosas contribuciones sean canceladas inmediatamente.

De otra parte, dada la magnitud astronómica de la cifra buscada, $8,6 billones, se habría esperado una detallada discriminación de las necesidades y sus valores. Pero el Gobierno ha presentado tan solo información general y escueta sobre los daños por las inundaciones en Córdoba, Sucre y el oriente de Urabá. Alrededor de 70.000 familias (250.000 personas) habrían perdido sus enseres, 1.200 cabezas de ganado y 140 mil hectáreas de cultivos. A esto se agregarían 9 mil viviendas destruidas. Con respecto a la infraestructura, se habrían caído cuatro puentes grandes: dos en Necoclí-Arboletes (San Juan y Mulatos), uno en Lorica-Chinú (Chimá) y otro en Montería-Arboletes (Jalisco). Se sumarían 21 puentes vehiculares menores dañados y ocho box culvert. Se habla también de otros 85 puentes “comprometidos” y de 1.900 km de vías deterioradas.

A manera de ejemplo, si se fuese a compensar cada cabeza de ganado con $8 millones y cada hectárea de cultivo con $5 millones, se emplearían $9.600 millones y $700.000 millones, respectivamente. Si las viviendas se pagasen a $100 millones la unidad, estaríamos hablando de $900.000 millones en este rubro. Si a cada familia afectada, aunque le hayan compensado ya el ganado, el cultivo y la casa, le diesen adicionalmente $10 millones, se gastarían en esto otros $700.000 millones. De subsanarse así, una familia que hubiese perdido su casa, 10 hectáreas y 10 cabezas de ganado recibiría $240 millones. Iríamos entonces en $2,31 billones.

Los cuatro puentes grandes pueden costar alrededor de $40.000 millones cada uno, para un total de $160.000 millones. Aunque, por ejemplo, Jalisco tal vez pueda repararse por solo $5 mil millones. Los otros 21 puentes podrían significar $10.000 millones cada uno, es decir, $210 mil millones. Recuperar los 85 “comprometidos”, a $3.000 millones por puente, costaría $255.000 millones. Y a cada km de vía (son todas no asfaltadas) se le podría destinar $200 millones para su recuperación, con un gasto de $360.000 millones. En total, sería $1 billón para infraestructura (el Invías durante 2025 ejecutó menos de $3 billones).

Como vemos, utilizando algunos números imprecisos y exagerados, y con pagos muy generosos, se podrían necesitar hasta $3,3 billones para paliar las consecuencias del desastre. El Gobierno pidió $8,6 billones y ahora definió que solo $6,3 billones irían a la Ungrd y el resto a funcionamiento. Por ahora, el Ejecutivo destinó a 6.000 familias $500.000 a cada una ($3.000 millones en total). La falta de una mínima explicación sobre los valores y de algún plan de ejecución suma incompetencia al autoritarismo detrás de estos nuevos gravámenes.