En Colombia 2022 será un año histórico con implicaciones de largo plazo. Será un año electoral, el primero después de la pandemia y en medio de una crisis social. Así, las alternativas políticas por la Presidencia están formalizando sus aspiraciones y las diferencias sobre la visión de país son considerables. Por lo tanto, las decisiones que tomemos como sociedad y los resultados de esta contienda electoral tendrán repercusiones importantes en el mediano y largo plazo. Mi invitación es que, frente a esta situación, como ciudadanos, nos involucremos políticamente con el sector que se alinee con la visión de país que tenemos e intentemos contribuir a pensar esa visión.

En ese sentido, en coautoría con María Alejandra Vélez y Juliana Rubiano escribimos una propuesta de política de sustitución de cultivos ilícitos que se puede encontrar en este enlace (ver página web). La situación de las drogas ilícitas y las intervenciones para enfrentarlas son unos de los temas centrales durante las campañas; sin embargo, las políticas que se implementan, como la aspersión aérea y algunos de los programas de sustitución actuales, han sido inefectivas para enfrentar el problema e incluso, conllevan a resultados negativos como el aumento en violencia y en deforestación en los territorios intervenidos.

Nuestra propuesta no es una política para resolver el narcotráfico en Colombia. Para esto es necesario aspirar a consensos globales y adoptar un enfoque de regulación de la cocaína. Sin embargo, mientras eso ocurre es necesario hacer esfuerzos por controlar los cultivos ilícitos de coca a través de mejores condiciones de vida de los hogares involucrados en estos, sin exponer a las comunidades a mayores niveles de violencia.

La política propuesta se divide en seis componentes a partir de una revisión extensa de estudios y de nuestras investigaciones desde el Cesed. En esta entrada expondré cuatro de estos puntos. En primer lugar, la participación activa de las comunidades debe ser transversal al diseño y a la implementación de la política. Adicionalmente, la propuesta cuenta con un componente de seguridad e inteligencia, diseñado e implementado en otras políticas, de manera que no se afecten las dinámicas de violencia en los territorios intervenidos. En tercer lugar, la propuesta cuenta con un componente de desarrollo rural integral que permite mejorar las condiciones de vida de los cultivadores de coca con el objetivo de atacar causas estructurales de la decisión de cultivar. Por último, esta política cuenta con un elemento de evaluación de sus efectos. En las últimas décadas se han realizado pilotos de políticas públicas a pequeña escala que permiten realizar un experimento aleatorio controlado con el propósito de medir los impactos de las intervenciones. Este tipo de diseños se han realizado en educación, primera infancia, seguridad urbana, entre otros; no obstante, en temas de control de la oferta de drogas ilícitas no han sido tenidos en cuenta. Con este último componente, es posible determinar los resultados potenciales de la intervención, estudiar fallas en la implementación y realizar ajustes antes de comprometerse con hogares en todo el país y destinar recursos sin conocer la efectividad de ese gasto.

El propósito de esta propuesta es ponerla a disposición de las y los candidatos con el fin que sea una alternativa que se discuta en los próximos meses. Nuestro deseo es que en el próximo gobierno se implemente un enfoque diferente al de los últimos 50 años frente a la situación de los cultivos de uso ilícito y que esta propuesta se materialice en el corto plazo.