A causa de la pandemia atravesamos una de las crisis económicas más profundas del último siglo en Colombia. A esto se suma el estallido social y el crecimiento sostenido de la violencia que, para algunos, puede representar el tercer pico de violencia en la historia moderna del país. En esta coyuntura, se desarrolla la campaña electoral presidencial con visiones diferentes y que tendrá consecuencias estructurales de largo plazo en el desarrollo social.

En mi opinión, dos temas estructurales que el próximo gobierno debe enfrentar son la forma de aproximar la política de drogas y la crisis educativa generada por la pandemia.

Por un lado, la política de drogas no debe enfocarse en el combate del narcotráfico. Esta es una de las principales lecciones de los últimos 50 años de lucha frontal contra el tráfico de drogas. El propósito de estas intervenciones debe orientarse a mejorar las condiciones de vida de los hogares cultivadores, generando oportunidades de desarrollo, y a garantizar la protección de líderes sociales. Estos actores son fundamentales para evitar la expansión de cultivos y tienen un rol esencial en la organización comunitaria.

En cuanto al consumo, Colombia debe liderar en el mundo una conversación sobre la regulación del uso de sustancias psicoactivas. Este debe ser uno de los principales objetivos de la política exterior del próximo gobierno. El contexto en países desarrollados, en los cuales se han dado cambios recientes sobre esta regulación, y los gobiernos de turno son factores que el próximo Gobierno puede aprovechar para avanzar en esta discusión que debe llevar, en el mediano y largo plazo, a un consenso global frente a la regulación de sustancias psicoactivas. Este cambio en la regulación contribuye a que Colombia asuma menos costos, en violencia territorial y urbana, asociados a la ilegalidad y permite un enfoque de salud pública para enfrentar el consumo.

Por otro lado, una de las principales consecuencias que ha tenido la pandemia es el cierre de colegios. Estos cierres, en varios contextos, han reducido el aprendizaje de los estudiantes y han afectado desigualmente a las personas más vulnerables. En el contexto colombiano, en un estudio en curso en coautoría con Sandra García, Darío Maldonado y Mariana Rodríguez, encontramos que la desigualdad en las pruebas Saber 11 aumentó en 2020 en 167%, 173%, 234% y 410% por el acceso a computador, zona del colegio, sector del colegio y acceso a internet, respectivamente. Es fundamental tener en cuenta que estos resultados son para estudiantes que la pandemia truncó su trayectoria educativa en el último año de bachillerato. Por lo tanto, los costos para esta cohorte de estudiantes pueden ser menores que para estudiantes que su trayectoria fue truncada antes.

Algunas pérdidas en aprendizajes son irrecuperables en el largo plazo, especialmente para personas durante la primera infancia. No obstante, se ha mostrado que con programas de refuerzo y ajustes en los currículos estos costos pueden atenuarse. De lo contrario, las consecuencias de largo plazo sobre el aprendizaje y la desigualdad de las siguientes generaciones van a ser irremediables.

Además de estos problemas, la crisis ha generado problemáticas fundamentales que deben enfrentarse con urgencia, como el desempleo desproporcional de mujeres. Sin embargo, las soluciones orientadas a la política de drogas y a la crisis educativa deben implementarse con urgencia para evitar el surgimiento de la tercera ola de violencia y que la desigualdad, explicada por la acumulación de capital humano, se acentué en las próximas generaciones. En este panorama queda la esperanza que hay opciones políticas que representan estas ideas.