Las discusiones tributarias son recurrentes en el debate electoral. Los expertos coinciden en que debe reducirse la carga tributaria a las empresas y aumentar la contribución de personas naturales eliminando las exenciones por fuentes de ingresos. Así, será posible tener una política fiscal que promueva el crecimiento económico y redistribuya efectivamente el ingreso. La oposición a este diagnóstico es limitada, excepto por visiones trasnochadas que sugieren que la redistribución del ingreso ocurre con la creación de empleos y que el Estado debe reducirse a su mínima expresión. Por lo tanto, la discusión sobre la política fiscal no se limita a los aspectos técnicos. Uno de los mayores errores del actual gobierno, que causó el estallido social, fue suponer que las discusiones fiscales eran ajenas al contexto social y político.

En esta coyuntura electoral, la mayoría de los candidatos se han comprometido con una reforma tributaria estructural al principio del próximo gobierno. Las discusiones, en la mayoría de los casos, se ha limitado a las diferencias técnicas y poco se ha mencionado el contexto en el cual se tramitaría esta reforma.

En el caso que Gustavo Petro no sea el ganador, el presidente electo tendrá una oposición ciudadana importante desde el primer día y un Congreso mayoritariamente opositor. En ese contexto, ningún candidato se ha comprometido a proponer una alternativa para tramitar su proyecto de ley. Son especialmente inviables propuestas que tienen como objetivo aumentar el recaudo en $33 billones anuales. A pesar de tener sustento técnico, este tipo de propuestas son deshonestas con los electores porque serán promesas incumplidas y condicionan el plan de gobierno a esta fuente de financiación.

En el caso que Petro sea el ganador, tendrá un Congreso favorable a sus iniciativas, pero, de igual forma, tendrá una amplia resistencia ciudadana que no cautivará con su propuesta. Si la reforma está orientada a resolver los problemas estructurales del estatuto tributario tendrá que aumentar la base de contribuyentes y la carga a las personas naturales. Por construcción estas propuestas no cuentan con el apoyo ciudadano, como la fallida reforma de este gobierno, especialmente si no son socializadas.

Ahora, su propuesta consiste en aumentar el recaudo tributario en $40 billones con la tributación de las 4.000 personas más ricas del país. Aumentar la carga de los más ricos y eliminar las exenciones es deseable y aumentaría el recaudo. Sin embargo, su propuesta, incluso en el contenido, no es sincera con la ciudadanía. El Observatorio Fiscal estimó que el aumento en el recaudo a partir de la eliminación de todas las exenciones al 13% de las personas con mayores ingresos equivale a $23 billones, la mitad de lo que argumenta Petro con una base de personas considerablemente mayor.

Las propuestas de reforma tributaria que están sobre la mesa son deshonestas en el contenido, en un caso específico, e inviables por el contexto social. Desafortunadamente, la política fiscal en tiempos electorales siempre será una fuente de populismo efectivo. Adicionalmente, una lección desatendida por varios ha sido ignorar el contexto social y político para tramitar cambios profundos. Ignorar estas dimensiones recae en una visión miope del diseño de política pública. En mi opinión, la alternativa más honesta es aumentar el recaudo a partir de choques exógenos favorables como el aumento en el precio del petróleo, unificar los sistemas de descentralización para aumentar la ejecución de recursos, aumentar la efectividad del gasto y, como máximo, implementar una contribución de las empresas y personas más ricas. Así, el gobierno podría cumplir con sus obligaciones financieras y fiscales de corto plazo mientras se construye un cambio colectivo y consensuado del estatuto tributario.