La posesión del rector de la Universidad de la Costa, Tito Crissien, como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha sido muy positiva para avivar el debate sobre la ética en la producción científica y la forma en la que se busca, por todos los medios, inflar indicadores para aparecer ante MinCiencias como investigadores altamente productivos.

Las denuncias públicas sobre supuestos plagios en artículos donde aparece el ministro Crissien han sido ampliamente difundidas por organizaciones como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, entre muchas otras.

Digo que hay un debate sobre la ética en la investigación porque se conjugan el pago que ofrecen muchas universidades por publicar; la necesidad de aparecer en mejores posiciones en rankings y modelos de medición como el de MinCiencias; la proliferación de revistas y editoriales muy cuestionables, denominadas predadoras, porque cobran una alta tarifa por publicar sin tener el riguroso proceso de validación del nuevo conocimiento.

Esto lleva al peligro de que el plagio y otras formas de aumentar la producción -jugando al cueste lo que cueste- sean comunes y hagan parte de la práctica universitaria. El nombramiento de Crissien contribuye a legitimar desde MinCiencias estos comportamientos y la proliferación de camorras, como supuesto ‘mini cartel del plagio’ de la Universidad de la Costa.

Esta problemática se presenta tanto en universidades públicas como privadas. Por ejemplo, en las privadas se ofrecen hasta $30 millones por publicaciones en revistas prestigiosas denominadas Q1 y aparecen nóminas paralelas con investigadores en el exterior que garantizan la publicación internacional.

En cuanto a las universidades oficiales, el decreto 1279 de 2002 las obliga a asignar aumentos salariales por la producción académica y científica. Hoy una publicación de alto nivel (A1), otorga 15 puntos, que equivalen a unos $224.000 de aumento al salario base. Por su parte un creciente número de revistas predadoras cobran una tarifa que oscila entre 3 y 6 millones de pesos, costo que asumen las universidades.

Si se unen tres personas y publican 30 documentos al año, como se ha presentado, la universidad paga $20 millones en aumento salarial, mas $130 millones a las revistas predadoras. Esto ha llevado a que la Fiscalía tenga que abrir procesos para investigar posibles peculados y conciertos para delinquir por mafias que se forman para aumentar puntos como cursa en la Universidad Francisco de Paula Santander.

El silencio de los rectores de las universidades frente al apoyo que dio Ascun al ministro deja un amargo sabor. Necesitamos líderes en las agencias como MinCiencias, que tengan probidad y reputación por sus logros científicos, reconocimiento y aceptación por la comunidad científica y, ante todo, una ética intachable.

Necesitamos innovar en sistemas de evaluación, reconocimiento y recompensas de la investigación como ha propuesto el profesor Gonzalo Ordóñez de la Universidad Externado y presidente de la Red Gcti, y hacer uso de los mecanismos de participación y control social para cuidar la acción del Ministerio.