Con el Decreto 2271 de 2023 sobre gratuidad de matrícula, el gobierno Petro amplía brechas en el fragmentado sistema de educación superior colombiano. Divide más a las instituciones de educación superior oficiales y privadas, lesiona el principio de solidaridad en el que se fundamenta Colombia como Estado social de derecho, y más grave, reduce las posibilidades de los menos favorecidos de acceder a la universidad y superar la pobreza generacional.

Nuestra Constitución Política declara, en su artículo 67, que la educación es “un derecho de la persona y un servicio público”. Por tanto, toda persona en el territorio nacional ya posee el derecho. La emergencia del covid-19 y las protestas sociales llevaron al gobierno Duque a expedir el Decreto 1667 de 2021 que establece matrícula cero en pregrado para los estratos 1, 2 y 3 en las instituciones de educación superior públicas. Pero el alivio no es significativo. Una familia clasificada como pobre por el Dane, podría ser, una madre cabeza de hogar de estrato 1 con un salario mínimo y dos hijos en la Universidad Nacional de Colombia, quedaría en el Puntaje Básico de Matrícula (PBM) más bajo (entre 1 y 5). Debería destinar casi $200.000 por semestre, unos $32.000 mensuales para las dos matrículas, o sea, 3,7% de su ingreso. Esto lo gastarían en un almuerzo de domingo, pero para la Unal significarían unos $11.000 millones menos, si tomamos los casi 56.000 matriculados en 2022 de estratos 1 y 2 pagando con el puntaje más bajo.

El Decreto 2271 de 2023 subsana limitaciones del decreto anterior incluyendo poblaciones especiales y ampliando la gratuidad a la educación técnica y tecnológica. Sin embargo, la gratuidad total favorece los estratos 4, 5 y 6 que pueden pagar las matrículas y así coadyuvar, sobre el principio de solidaridad constitucional, al sistema de educación superior. Siguiendo con el caso de la Unal, el PMI aumenta exponencialmente del estrato 4 en adelante, y con el máximo de 100 puntos, una matrícula para 2021 quedó en casi 9 millones - un millón menos que una matrícula en Administración en la Universidad Externado de Colombia -.

El decreto de gratuidad afecta las finanzas de las universidades públicas y privadas. Siguiendo con la Unal, en 2022 se matricularon casi 10.000 estudiantes de estratos 4, 5 y 6 que representarían $70.000 millones de ingresos si asumimos una matrícula promedio de $7 millones. En el caso de las privadas, que enfrentan una delicada situación financiera, el Decreto incentiva a que los hogares que pueden pagar matrículas busquen la gratuidad. Pero un efecto no deseado estaría en que los estudiantes de estratos altos, con mejor preparación, como lo demuestran las pruebas Pisa, tienen más posibilidades de ingresar a la universidad. Estos estudiantes tendrían más competencias para pasar, por ejemplo, el riguroso examen de admisión de la Unal, restándole cupos a los estratos bajos que se verán obligados a desplazarse a la educación técnica y tecnológica en el mejor de los casos. Es así como el presidente Gustavo Petro contribuiría a desfinanciar el sistema de educación superior, fragmentar más la división entre público y privado, y reducir posibilidades de superar la pobreza generacional.