Rutas de impacto para la investigación científica - Ley 2360 de 2024

No encuentro un solo colega que me dé una valoración positiva de lo que ha sucedido con el antiguo Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) que fue desde 1973 un baluarte para el sistema de ciencia y tecnología de México.

El gobierno de Amlo, que le cambió el aviso a Conahcyt (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías) le dio una dirección errática, no solo con la inversión y ejecución más baja en más de tres décadas, la persecución de científicos muy reconocidos y el cerramiento de fondos de becas, sino desaciertos ingentes dirigiendo proyectos como el de la vacuna covid, los herbicidas alternos al glifosato y la erradicación de los transgénicos.

Cuando analizo lo que pasó en México y veo nuestro caso, siento que Colombia va por el mismo camino. Una argumentación ideológica por encima de la científica, el uso de MinCiencias para buscarle adeptos al proyecto constituyente del gobierno con las llamadas asambleas científico-populares, la financiación de proyectos de morcillas, arepas y aguardientes, y el incentivo a la sobreproducción de publicaciones con todos los problemas de corrupción que describió esta columna hace unas semanas, son solo algunos de los síntomas del cáncer de nuestro sistema de ciencia.

MinCiencias basa su gestión en lanzar convocatorias esperando que en pocos días se armen proyectos que incluyan a poblaciones ‘marginadas’ de la ciencia y desde la oferta tratar de jalonar una comunidad científica que no se siente identificada con la dirección de la entidad.

Los vientos están cambiando para México con la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología que puede conducir un sistema orientado a publicar artículos a uno que defina proyectos de gran envergadura y largo plazo para solucionar problemas complejos de la sociedad.

Seguramente el Conahcyt con el nivel de secretaría de Estado y dependencia directa de una presidenta que es una mujer de ciencia, la doctora Claudia Sheinbaum, podría tener mayor poder para coordinar con diversas agencias centrales y regionales una gobernanza de macroproyectos de alto impacto.

Sin embargo, veo un modelo interesante desde Colombia con la Ley 2360 de 2024, que establece como población prioritaria de protección constitucional a personas con sospecha o diagnóstico de cáncer. Con esta Ley se facilita el diseño de macroproyectos de orden nacional en un diálogo de abajo hacia arriba, ya que plantea que los entes territoriales podrán celebrar convenios interadministrativos con el Instituto Nacional de Cancerología, INC, que retorna a ser, con la ley 2291 de 2023, un centro de investigación -con la Ley 100 de 1993 se había convertido en hospital-. El INC está encargado de coordinar la Red Nacional de Investigación en Cáncer, asesorando tanto al MinSalud como al MinCiencias.

Pero su liderazgo con sociedades científicas, clínicas y quirúrgicas sobre la investigación e innovación en oncología podría generar un sistema de gobernanza y gestión de la investigación coordinando agentes territoriales que podría servir de ejemplo en otros ámbitos de interés nacional. Pensemos, por ejemplo, en que Colombia sea referente mundial en cáncer de mama. La cadena de valor y la innovación en modelos de negocio adicional a los avances biomédicos tiene muchas oportunidades de desarrollo y empleo.

Piense en la industria estética donde como país tenemos un terreno ganado, en la innovación para la atención psicológica para la salud mental y los avances en famacogenómica para buscar alternativas a medicamentos tradicionales como en tamoxifeno. Creo que teniendo como líder a un centro de investigación como en INC -próximo a cumplir 90 años- y no a un ministerio, podemos crear macroproyectos nacionales integrando agentes territoriales que le abren rutas de impacto a la investigación científica y superar grandes limitantes de nuestro actual sistema de ciencia, tecnología e innovación.