El Plan de Alimentación Escolar, PAE, ha sido una de las estrategias más serias para asegurar las condiciones para un aprendizaje de los niños y niñas del país, que ha utilizado como criterio de asignación el hecho que estén matriculados en instituciones oficiales. En efecto, el PAE, según el Ministerio de Educación: “El Programa de Alimentación Escolar brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, registrados en el Sistema de Matrícula -Simat- como estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones”.

La estrategia decíamos ha sido muy bien valorada por su impacto, porque asegura mayor permanencia de los estudiantes en las instituciones escolares y un mejor desempeño, gracias especialmente a que eleva el nivel de atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las maneras para asegurar un buen aprovechamiento por parte de los niños y niñas es precisamente que estén bien alimentados, gracias a un buen complemento proteico en su dieta diaria.

El punto es que el ministerio ha tenido un sesgo leguleyo en su aplicación al focalizarse únicamente en colegios oficiales. Y ha dejado por fuera a los estudiantes de los colegios dados en concesión para la gestión por parte de particulares, igualmente negándole esta oportunidad a los estudiantes de colegios privados populares. Esta inequidad es importante que se subsane. Varios secretarios de educación a nivel nacional quisieran poder extender el beneficio a estos grupos de niños y niñas que hoy están excluidos, pero las inflexibilidades del ministerio lo impiden. Qué bueno sería que el ministerio revisara su posición al respecto. La actual situación no aguanta el análisis de una tutela por los derechos fundamentales a la vida y a la educación. La Corte Constitucional seguramente podría intervenir, pero no lo ha hecho hasta el presente.

En la información oficial del ministerio se señala que están buscando ampliar la cobertura para que sea universal para dar condiciones de posibilidad para el goce efectivo del derecho a la educación de los niños y niñas. El otro punto es el control de la calidad de la alimentación que se presta, lo que implica necesariamente una participación más activa de los directivos de los planteles educativos y de las familias. Es necesario mantener un estricto acompañamiento para asegurar que la alimentación sea efectivamente de calidad. Algunos mercachifles se han ganado estas licitaciones, por lo que el control ciudadano es indispensable. No podemos permitir que unos inescrupulosos hagan ganancias a costa de un deterioro en la alimentación de nuestras nuevas generaciones más vulnerables.

¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que sea una realidad? Confiamos que con el nuevo ministro de educación, que está alineado con el mejoramiento de las condiciones de los más necesitados del país, se puedan arbitrar los recursos para esta ampliación del PAE, es un acto de mera justicia. Y es la mejor inversión en capital humano que se pueda hacer, con el mayor retorno.