Esta semana, la Corte Constitucional abordó la regulación de las fronteras departamentales en la comercialización de aguardiente, un tema que afecta directamente la competencia, la libertad económica y el bienestar de los consumidores colombianos. La participación del Gobernador de Caldas en la audiencia fue muy clara al pedir la libertad. Mientras que la Gobernadora del Valle fue a defender las restricciones, ¡seguramente pensando en el corto plazo y no el largo plazo!

El sistema actual, que restringe la comercialización entre departamentos, es un vestigio de modelos proteccionistas que solo benefician a empresas que operan como fortines políticos. Estas empresas, protegidas por monopolios, no tienen incentivos para ser más eficientes ni para innovar en un mercado que podría ser más competitivo y dinámico.

Una de las grandes paradojas es que resulta hoy más fácil encontrar un licor internacional en cualquier departamento que un aguardiente producido en la región vecina. Esto no tiene lógica alguna. Mientras que los productos extranjeros tienen libertad para circular por el país, las barreras artificiales impiden que el aguardiente colombiano haga lo mismo dentro de sus propias fronteras.

Defensores de estas fronteras argumentan que protegen los ingresos fiscales de los departamentos, ya que la venta de licores representa una fuente importante de recursos. Sin embargo, este argumento pasa por alto un hecho crucial: estudios han demostrado que las empresas ubicadas en departamentos con libre comercio de aguardiente han visto un crecimiento en sus ventas, mientras que las que operan en departamentos cerrados han sufrido una caída. En otras palabras, un mercado abierto no solo beneficiaría a los consumidores, sino también a las propias empresas, y a los departamentos a través de mayores ingresos fiscales.

Permitir que los consumidores elijan libremente entre distintas marcas sin barreras geográficas aumentaría las ventas de licores en todo el país, impulsando la competencia. Esto generaría más ingresos fiscales a partir de los impuestos a las ventas, todo en un beneficio neto para las regiones.

La existencia de fronteras departamentales solo favorece a un pequeño grupo de empresas, que aprovechan su posición sin mejorar sus procesos ni ofrecer mejores productos. Estos fortines políticos se benefician del statu quo, a costa de los consumidores, que pierden acceso a opciones de mejor calidad y precio.

Es importante recordar que la Constitución de Colombia defiende la libertad de empresa y el derecho al libre desarrollo económico. Restringir la circulación de productos entre departamentos contradice estos principios y limita el crecimiento de una industria que tiene el potencial de proyectar a Colombia en mercados internacionales.

En lugar de proteger los ingresos departamentales, las fronteras están frenando el desarrollo. Al eliminar estas barreras, se liberaría el mercado del aguardiente, generando mayor competitividad, innovación y crecimiento, todo en beneficio del consumidor colombiano.

La modernización del mercado de aguardiente, liberado de las restricciones, no solo aumentaría la competitividad de esta industria, sino que garantiza una mayor libertad para los ciudadanos y un futuro más próspero para los departamentos.