Llegó a su décima edición el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, publicado por Transparency International. Esta encuesta presenta un detallado conjunto de datos de opinión pública sobre corrupción, así como la experiencia directa de los ciudadanos con el soborno en América Latina y el Caribe. Entre enero y marzo de 2019, el Barómetro Global de la Corrupción encuestó a más de 17.000 ciudadanos que viven en 18 países de la región.

Los datos para Colombia no son alentadores, puesto que, los consultados sostienen que la corrupción aumentó en un 52% en los últimos 12 meses, el 16% pagó algún soborno por servicios públicos en los últimos 12 meses y el 40% afirmó que le habían ofrecido sobornos a cambio de votos. Con una perspectiva de género se adicionó lo que se llama la sextorción y arrojó que el 20% experimentaron extorsión sexual o conocen a alguien que pasó por esta situación. Escándalos como el cartel de la toga que implicó a magistrados impactó negativamente en la percepción de corrupción en el campo judicial pasó de 37% a 47%. Y el sector privado aparece por ejemplo marcando un 33% sobre los banqueros y de 36% para ejecutivos empresariales. Y las ONGs con un 26%. En pocas palabras no queda títere con cabeza. La percepción de corrupción es muy generalizada.

Aunque estos datos son derivados de la percepción de los encuestados, no se puede desconocer que, de acuerdo a los reportes judiciales y de los entes de control, no son absurdos. Diariamente encontramos en los diversos medios de comunicación, las noticias sobre denuncias y condenas por corrupción en temas como desvío de dineros, adjudicación irregular de contratos, apropiación irregular de recursos, violación a los derechos de transparencia, malos manejos administrativos, adquisición de bienes defectuosos a precios elevados y hasta corrupción privada.

El informe concluye que, si bien existen obstáculos para contrarrestar la corrupción, hay muchas personas que están preparadas y dispuestas a tomar medidas, el 78% de los encuestados. Este puede ser el legado de la consulta anticorrupción. Lo que implica esa decisión de la población que no quiere ser indiferente ante el problema, que puede ser ese sentimiento de indignación que lleve a la acción. Por ello, son fundamentales herramientas para que las personas puedan denunciar de manera segura los casos de corrupción, y empoderar a los ciudadanos para exigirles a los Gobiernos que rindan cuentas.

A la pregunta de si se considera que el gobierno está actuando bien o mal en la lucha contra la corrupción, el 57% considera que lo está haciendo mal, el 40% piensa que lo está haciendo bien, y un 3% no sabe. Pero, aunque los indicadores y la percepción reflejen un estado de pesimismo y desconfianza, no podemos cejar ante la corrupción. Debemos ser persistentes y no resignarnos. Cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos el deber y la corresponsabilidad de colaborar activamente para las conductas corruptas desaparezcan. De otra parte, a nuestros líderes, les queda mucho camino por recorrer, pues deben demostrar la voluntad política y su determinación, para aprobar y aplicar las normas que buscan erradicar las prácticas deshonestas.

El fortalecimiento de la Contraloría General de la Nación aprobado por el Congreso recientemente debe dar resultados impactando positivamente las investigaciones para que sean claras, contundentes y en tiempo real, que, sin convertirse coadministradora, la Contraloría sí genere un verdadero control.

La percepción es un elemento que hay que prestarle mucha atención, y nos debe movilizar para que como sociedad generemos la cultura de la transparencia y del respeto por los recursos públicos. Debemos, como sociedad, elevar el tono moral. No podemos seguir siendo condescendientes con los ratones del queso del presupuesto nacional.