Cuatro rectores de importantes universidades privadas enviaron un comunicado a la ministra de educación pidiéndole introducir cambios al proyecto que finalmente presentó, sin modificaciones, a estudio del Congreso. Los rectores de Los Andes, Javeriana, Sabana y Eafit, que habían sido convocados a algunas reuniones preparatorias de consulta, consideran que sus aportes no aparecieron en el proyecto de ley en temas muy importantes.

¿Cuáles son las preocupaciones de los rectores? Una primera es la de ver de manera más amplia el reto de la educación no concentrado en la educación universitaria, sino en lo que han llamado la posmedia, que da mayores alternativas para la inserción laboral y para la formación a lo largo de la vida. Consideran que un sistema flexible y ágil puede responder mejor a las distintas necesidades y expectativas.

En pocas palabras los rectores consideran que no todas las respuestas para la educación superior la tienen estas instituciones, sino otras como el Sena, la formación para el trabajo, los ciclos cortos de acreditaciones de competencias… En suma, consideran que hay otros caminos también, en lo que han denominado posibles trayectorias. Esto es positivo, en términos de la pluralidad de posibilidades, pero no debe ser una imposición a los ciudadanos.

Otra preocupación es que el afán de ganar en cobertura termine desmejorando la calidad del sistema de educación superior. Tienen temor que los nuevos cupos que el gobierno quiere abrir en distintas regiones sean de mala calidad. En esto no les falta razón a los rectores, generar cupos de mala calidad es incumplir la promesa del derecho a la educación. El ministerio de educación debe focalizar sus esfuerzos en el mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones.

La tercera inquietud tiene que ver con una característica propia del modelo colombiano de educación superior, que bien el texto de la Ministra menciona, pero no profundiza: Su carácter mixto, público y privado. Los rectores insisten también en lo práctico: Las capacidades instaladas es la opción más clara para ganar en cobertura, “progresividad del derecho a la educación”.

Este carácter mixto permite asegurar la pluralidad que para un país democrático es fundamental y hace realidad la libertad de escoger el tipo de educación que se desea. Pero hay que advertir que se está revirtiendo el rezago que había en inversión en la universidad pública. Y, por otra parte, que en la privada existen no pocas instituciones que son verdaderos negocios y no deberían tener apoyo del Estado.

Finalmente, un punto fundamental: Un sistema de financiación integral del sistema mixto, que implique una buena asignación de recursos para asegurar la garantía del derecho a la educación con calidad. No nombran los rectores al Icetex, pero ahí está uno de los grandes problemas, cómo fondearlo y que continúe ayudando a los estudiantes que no tienen recursos para estudiar sus pregrados, frente a la idea del Gobierno que quiere marchitar esta función. Uno de los pilares que permite la existencia de las universidades privadas es la financiación por parte de Icetex. El punto que hay que repensar es cómo se hacen más baratos sus créditos.

Vamos a ver si el Congreso hace eco a los rectores…