El 16 de noviembre de 2017 se cumplieron 28 años del asesinato de seis jesuitas, cuatro de ellos españoles, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López que trabajaban en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. Junto a ellos murieron también Elba Ramos, empleada y Celina Ramos, su hija. Fueron ultimados por un sector de los mandos del ejército salvadoreño. Los sacerdotes profesaban los principios de la Teología de la Liberación, y por eso se les consideraba potenciales enemigos del establecimiento y aliados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

La conmemoración de esta fecha llega con la determinación del juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García-Castellón, de poner en prisión al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, a quien se le considera responsable directo de orquestar el crimen de los jesuitas. El exmilitar fue detenido en Estados Unidos cuando se dictó un auto de procesamiento que permitió que operara la solicitud de detención internacional con fines de extradición.

Los militares que participaron de la masacre fueron amnistiados conforme el Acuerdo de Paz firmado en 1992 en México. Esta amnistía generalizada no fue satisfactoria para las víctimas y desde 2008, Almudena Bernabéu, cofundadora del Grupo Guernica y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, representada por el abogado Manuel Ollé Sesé, presentaron una querella ante la Audiencia Nacional de España contra los autores y partícipes de la masacre. Adicionalmente, el Padre Andreu Oliva, rector de la UCA y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad en representación de las víctimas y familiares, pidió hace poco la reapertura del caso en El Salvador, aprovechando que en julio de 2016 se declaró la inconstitucionalidad de la ley de amnistía que perdonó los crímenes ocurridos en la guerra civil entre 1980 y 1992. Todos estos hechos tratan de ajustar, lo que en su momento, a pesar de ser considerado “Caso Juzgado”, no encajó ni se consideró una buena aplicación de la justicia transicional.

Esta sensible historia deja al descubierto los enormes desafíos de la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia (JEP). Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) pide al país tener en cuenta, dentro de la acción de la JEP, estar atentos a la responsabilidad de los altos mandos frente a los crímenes y no solo la acción de los subordinados, asegurar que se juzgue no solo a los perpetradores sino a los que tuvieron responsabilidad por omisión y garantizar que las penas impuestas sean proporcionales a los delitos cometidos y al grado de responsabilidad de los autores de los hechos. Si falla la JEP entrará la CPI a intervenir.

Colombia es ejemplar por tener un tribunal, una comisión de la verdad y un organismo de verdad para las personas desaparecidas. Se considera un sistema intermedio entre el castigo total para todos que sería imposible y la amnistía total para todos que sería indeseable. Así que un punto intermedio se impone, pero que no nos deje llenos de impunidad. Recientemente, el Senado aprobó la conciliación de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para ahora la Paz y la norma va a la Corte Constitucional que dará el visto bueno final para que la JEP pueda funcionar. Con todos estos debates y ajustes que buscan perfeccionar la propuesta, no está de más que el país también se mire en el espejo de otros procesos como el de El Salvador, sacando lecciones aprendidas que eviten hacia el futuro que, sobre “casos juzgados”, tengan que pasar 28 años para corregir graves errores que afectan a las víctimas.

Nota: Muy importante fue el encuentro de Francisco de Roux, S.J., presidente de la Comisión de la Verdad, con los empresarios del Valle, quienes le manifestaron todo el apoyo a la tarea que inicia.