La palabra popular ha estado los últimos cuatro años muy presente en la agenda nacional. En los números 80 y 81 de la exhortación Dilexi Te, Te he amado, el Papa León XIV ofrece una comprensión profunda y exigente del verdadero poder de los movimientos populares.

Lejos de una visión instrumental o ideológica, los reconoce como expresiones vivas de la sociedad, capaces de generar soluciones concretas a los problemas de los más pobres y, al mismo tiempo, de convertirse en un verdadero torrente de energía moral para la vida pública. No son simples plataformas de reivindicación: son espacios donde los excluidos dejan de ser objeto de políticas para convertirse en sujetos de transformación.

Hay en esta visión una intuición poderosa: ese torrente de energía moral surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del bien común. Al incluirlos, tendemos puentes de reconciliación. Los movimientos populares, bien entendidos, no dividen; reconcilian. No exacerban las diferencias; las orientan hacia una cooperación más amplia. Son, en ese sentido, una escuela de ciudadanía donde la dignidad deja de ser discurso para convertirse en experiencia compartida.

Esta comprensión contrasta con la idea de “lo popular” que ha venido promoviendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. En su narrativa, el pueblo no aparece como un sujeto integrador, sino como una categoría enfrentada al resto de la sociedad. Se le invoca para trazar líneas de división, para legitimar antagonismos y para alimentar una lógica de confrontación permanente. Lo popular, así entendido, pierde su capacidad de convocar y se convierte en herramienta de polarización.

A ello se suma una desconfianza creciente hacia la técnica, el conocimiento experto y la evidencia. Bajo la premisa de “gobernar desde los pobres”, se termina, en no pocos casos, relativizando los criterios que permiten que las políticas públicas sean eficaces y sostenibles. Pero la opción por los pobres no está reñida con la ciencia ni con la buena gestión; por el contrario, exige lo mejor de ambas.

Con todo, es justo reconocer un acierto del actual gobierno: la apertura de espacios de contratación para obras de interés local con organizaciones como las juntas de acción comunal y las cooperativas.

Esta decisión ha permitido que comunidades tradicionalmente marginadas participen directamente en la solución de sus problemas, fortaleciendo capacidades organizativas y generando un sentido de corresponsabilidad. Allí se encarna, aunque sea parcialmente, la intuición del Papa: cuando se confía en la gente, la gente responde.

Sin embargo, es indispensable una evaluación rigurosa de este proceso, para afinar sus mecanismos, reconocer sus bondades y también sus límites.

El desafío es afirmar una comprensión auténtica de lo popular, donde siempre sumar socialmente multiplica los resultados. Se trata de consolidarlo como un espacio de encuentro que integra capacidades diversas -sociales, técnicas e institucionales- para construir soluciones más sólidas y duraderas.

Porque el verdadero poder de lo popular no está en dividir ni en imponer, sino en integrar, reconciliar y construir. Ese es el poder que Colombia necesita.