Con la entrega del Informe del Índice Departamental de Competitividad 2020 el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, continúan aportando al seguimiento a la competitividad del país. Una primera conclusión que arroja este ranking es que la competitividad paga, pues ofrece unas condiciones para asegurar mejores condiciones de bienestar en las respectivas regiones. Diversas correlaciones así lo demuestran.

Este Índice de Competitividad Departamental da cuenta de la complejidad, porque cobija una batería de información clave que ordena en cuatro factores, 13 pilares y 102 indicadores que dan luces concretas sobre las debilidades o fragilidades de cada región en los distintos frentes. Así puede ser un insumo fundamental para focalizar la inversión pública. Por ello es una información muy útil para la revisión y actualización de planes de desarrollo territoriales. Igualmente, podría ser objeto de bonificación o recompensa por parte del gobierno central a las regiones que le apunten allí donde más lo necesiten. En fin, muchas prioridades de las agendas territoriales pueden salir de la lectura juiciosa de este documento. Hay que propiciar el estudio del Índice Departamental a lo largo y ancho del país, no solamente con los ministros en Bogotá, sino con los alcaldes y gobernadores en los territorios. Esta proyección le haría mucho bien al CPC, pues la competitividad se resuelve en muchos casos en concreto a nivel municipal. Colombia tiene una estructura descentralizada que hay que poner a marchar en la onda de la competitividad.

Unos ejemplos. Cómo la tercera economía del país, el Valle del Cauca, está en el pilar educación básica y media en el puesto 24 de 33; y en uno de los índices de este pilar, la inversión en calidad de la educación básica y media Inversión por persona entre los cinco y 17 años (miles de pesos) arroja $94.170, mientras que Antioquia destina $335.530, o Boyacá, $578.430. Este es el impacto de política pública y de decisiones de los alcaldes y municipios. En Caldas se tiene la brecha más grande de participación laboral entre hombres y mujeres. Quién lo creyera, en el corazón del país en una ciudad universitaria, la brecha es el doble de la de Bogotá.

Al cruzar la información del ingreso per cápita con la competitividad, se observa que hay una alta correlación. A mayor competitividad hay mayor ingreso por cabeza en el departamento. Así queda claro que los departamentos con extracción petrolera son los que se salen de esta correlación por encima. Mientras que hay algunos, como los del Eje Cafetero y otros de la Costa Atlántica que marcan ingresos per cápita por debajo de lo esperable.

Un segundo cruce es la correlación inversa entre el índice de competitividad con la pobreza. Que podría ser el espejo del anterior. Aquí llama la atención que hay departamentos que no obstante un nivel de competitividad bajo logran tener una menor pobreza. Un caso emblemático es del Quindío, que ha logrado un desarrollo tradicional agrícola complementado ahora con turismo. Sería interesante hacer rastreo de casos similares para observar buenas prácticas o políticas públicas que han permitido estos resultados positivos.

Un tercer cruce se realiza con los niveles de índice de contagio de covid-19 (velocidad de propagación). En este queda en evidencia que San Andrés y Caquetá han experimentado unos índices de propagación muy por encima de otros lugares con igual índice de competitividad. Mientras que otros territorios demuestran que no obstante tener menor competitividad, han logrado bajísimos índices de contagio. Allí hay que estudiar los patrones de salud y culturales.

La competitividad hay que trabajarla más desde las regiones, lo que redundará en impactos muy positivos.