La corrupción es el problema que más resiente la sociedad colombiana. En la última encuesta de opinión así lo dejó en evidencia: 91% de los colombianos considera que el problema de la corrupción va en aumento. Y en efecto, el problema de la corrupción no es un “escándalo más”, sino algo estructural en el país. Y esta es una verdad dolorosa. Bien señala Marcela Restrepo de Transparencia que la corrupción se convirtió en la manera de gestionar el poder en Colombia.

Según el recientemente publicado ranking de Transparencia Internacional, “Índice de Percepción de Corrupción”, Colombia está en el puesto 96 a nivel mundial, dentro del grupo de países que tienen un riesgo alto de corrupción, considerando que tuvo 37 puntos, cuando 100 es lo más limpio. Estamos a nivel internacional igual que Brasil, en una zona que llaman altamente corrupta. El país latinoamericano que está mejor ubicado es Uruguay, con 70 puntos, en el puesto 26. Transparencia entiende la corrupción como el: “Abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”.

La corrupción está enquistada seriamente. Ya no solamente abreva en los contratos de infraestructura, sino que duele ver que el gasto social es el que está en mayor riesgo de corrupción en las regiones, según los mapas de riesgos de entidades territoriales. Otra constante es que el riesgo aumenta cuando se pasa de entidades nacionales a departamentales y municipales. La democracia participativa no está dando frutos contra la corrupción.

Los índices de percepción tienen dos caras, por una parte, mostrarían un problema objetivo de corrupción, pero también la conciencia (subjetivo) que tiene una población sobre este problema. Por ejemplo, en Chile el segundo país de América Latina, con menor percepción de corrupción, recientemente por unos escándalos puntuales se incrementó exponencialmente dicho índice, pues no hay tolerancia. Tener una sociedad que reacciona fuerte y rápidamente frente a la corrupción es clave. Una sociedad adormilada en el formol de la corrupción es lo peor.

La cuestión desde la mirada empresarial también es compleja. Según la cuarta encuesta sobre prácticas contra el soborno (2014), 91% de empresarios señala que percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. Y en la encuesta de la Andi, 36% de los empresarios indica que hay una alta tolerancia a los sobornos. Los gremios deben emprender con mayor empeño la lucha contra la corrupción. Esto implica ir más allá de comunicados y firmas de manifiestos o declaraciones. Hay que ser más proactivos, denunciando los casos concretos, colaborando con las autoridades y también dinamizando una tolerancia cero con los corruptos, exponiéndolos a una clara sanción social.

¿Hay algo por hacer? La encuesta del Barómetro Global de la Corrupción (2016) muestra que 74% de la población cree que la gente del común sí puede hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción. ¿Y qué hacer? Lo fundamental es el trabajo de largo plazo a nivel educativo. En la encuesta de desempeño institucional del Dane (2016) cuando se pregunta a los funcionarios por las razones para que se presenten irregularidades, casi 42% señala la ausencia de valores. Esto se complementa con un imperativo de tolerancia social cero, ante cualquier indicio de corrupción.

La corrupción es, si se quiere, el peor cáncer de una democracia, porque corroe la posibilidad de establecer relaciones de confianza en la sociedad. Este problema va en aumento y puede ser una bomba para la democracia colombiana. Un electorado desesperado puede caer en las garras de cualquier demagogo que cale en la opinión. Y seamos muy conscientes que la puerta de entrada de la corrupción es la financiación de las campañas políticas.