El Plan Nacional de Desarrollo fue presentado por el Gobierno a consideración del Congreso. Tiene muchos aspectos interesantes, por la flexibilidad que le da a algunas normatividades, de todas formas es importante que no haya algunas “hechas a la medida” de algunos sectores de presión; otros aspectos son muy polémicos y deben ser debatidos ampliamente por el Congreso y por expertos de la sociedad civil, como el de centralizar todos los presupuestos, tanto el de gastos como de inversión en un solo ministerio, o como el desmonte parcial de los subsidios en los servicios públicos para algunos estratos; otros preceptos inspiran el desarrollo económico y social del país en el marco de los acuerdos globales. Hay que resaltar también algunos ejes transversales que inciden en sectores específicos, como las personas en condición de discapacidad, las minorías, las mujeres, etc., que seguramente permitirán una focalización en esos grupos de interés. Adicionalmente, es de resaltar los aspectos territoriales, que en el fondo busca que el Plan contemple la perspectiva de la diversidad regional y la necesidad de cerrar brechas entre regiones.

El artículo primero del proyecto del Plan da un horizonte amplio: “El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”.

Primero que todo se coloca como la gran sombrilla, que se convierte en el gran criterio para priorizar y dar acento en su ejecución, a la equidad. Es el gran tema de un país tan desigual y con tantas fracturas sociales y económicas que indicen o aún determinan el bienestar de los ciudadanos.

En segunda instancia, se coloca en clave de pacto. Es decir, de acuerdo y compromiso, que implica entonces un reconocimiento de la comunidad como la gran interlocutora de la política pública. Óptica, que implica trabajar de manera colaborativa.

En tercer lugar, coloca tres grandes pilares: la legalidad, en un país que ha sido marcado profundamente por la ausencia del Estado, por la impunidad, por la corrupción y la ineficiencia del aparato burocrático estatal. Un estado que ha sido cooptado por mafias a todo nivel. Es un país para el cual el imperio de la ley es muy relativo. Optar por la legalidad es colocar unas reglas del juego claras, transparentes y efectivas. Este será el gran cambio cultural que el país necesita y que será capital para reformar y reestructurar la vida en sociedad. El segundo pilar es el emprendimiento, que como dinámica es la que tiene mayor capacidad transformadora en una economía, pues implica convocar al sector privado a que pueda generar riqueza y ofrecer bienes y servicios de manera eficiente y creativa. Todo lo que se haga por sacar adelante el emprendimiento será muy benéfico para todos, pues asegura escalar y darle sostenibilidad al crecimiento económico. Este era uno de los espacios para que el Gobierno hubiera incluido de forma expresa un apoyo para la consolidación de la paz con aquellos que pasaron de la guerra a vida civil. Finalmente, el tercer pilar, es la equidad, bajo la óptica de como generar condiciones para que haya igualdad de oportunidades para todos. Pero se quedó corto, aquí era el lugar para agregar la reparación a las víctimas de la violencia.

Por último, hay que resaltar el horizonte que se le da al Plan: los Objetivos de Sostenibilidad 2030, que fueron el acuerdo de Naciones Unidas para darle foco al desarrollo sostenible en el mundo. Tener este telón de fondo global es un acierto, porque nos permitirá medirnos históricamente y compararnos con otras naciones.

El Plan debe contar con un amplio y transparente debate. Esto permitirá incorporarle los ajustes necesarios para que sea mucho más pertinente. Nada de pupitrazo.