Hace meses lo advertimos: la llamada “paz total” estaba mal concebida. No por falta de voluntad, sino por ausencia de método, de límites y de claridad. Hoy, tras los recientes atentados perpetrados por disidencias de las Farc en el suroccidente del país, esa intuición deja de ser advertencia y se convierte en evidencia, dolorosa y triste.

Más de veinte muertos y decenas de heridos no son solo cifras. Son el retrato más crudo de una política que, lejos de contener la violencia, terminó impulsándola y fortaleciéndola. Atacar a la población civil no es un exceso: es un delito de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional estará pronto sobre estos casos.

La “paz total” partía de una premisa ambiciosa, pero confundió amplitud con dispersión. Como lo advirtió el politólogo Eduardo Pizarro, se trataba de un proceso sin norte definido, sin términos de referencia capaces de orientar una negociación seria. Sentar a múltiples actores ilegales de todo pelambre, sin un marco claro, sin condiciones exigibles y sin una arquitectura institucional sólida terminó incendiando al país.

El resultado está a la vista. En lugar de debilitar a los grupos armados, se les permitió recomponerse. En varias regiones, la combinación de coca y minería ilegal fortaleció sus finanzas, mientras la presencia del Estado se diluía. Allí donde debía haber autoridad, hubo ambigüedad. Y donde se requería firmeza, hubo concesión sin contraprestación verificable.

No se trata de negar la necesidad de buscar la paz. Colombia la necesita con urgencia. Pero la paz no puede construirse sobre incentivos perversos. Negociar sin reglas claras no desactiva la violencia: la potencia. Y administrarla mal es, en la práctica, incentivar que se expanda.

Más inquietante aún es la combinación de improvisación e irresponsabilidad en la conducción de esta política. Cuando sus consecuencias se traducen en hechos dolorosos, con vidas inocentes comprometidas, lo mínimo exigible es una revisión seria. Sin embargo, lo que predomina es la ausencia de autocrítica. Y un gobierno que no corrige a tiempo termina agravando aquello que dice querer resolver.

La reacción tardía del presidente Gustavo Petro y la ambigüedad del candidato Iván Cepeda, al insinuar una conspiración de la derecha, no hacen sino profundizar la fractura. No explican la violencia: la desvían. No asumen responsabilidades: las diluyen.

La indignidad ciudadana, entonces, no es un exceso emocional: es una reacción moral. Y esa indignidad pide algo concreto: que la democracia hable con claridad. Que en las próximas elecciones no se premie la improvisación ni la ambigüedad, sino que se sancione con firmeza a quienes, por acción u omisión, contribuyeron a este fracaso. La paz total se deshizo y está haciendo trizas al país. La democracia tiene que expresarse contundentemente.

Porque cuando la política deja desprotegida la vida, pierde su legitimidad. Y una democracia seria no premia el fracaso: lo sanciona. Si se quiere, es el tránsito de la política a la moral. Hoy sí que es necesario este tránsito en nuestra Colombia.