En reciente presentación del capítulo de educación del libro de Fedesarrollo titulado ‘Descifrar el futuro’, organizada por la Asociación Colombiana de Universidades, su presidente, Luis Fernando Gaviria, actual rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, señaló que el Gobierno debería tener mayor cuidado con el apoyo de todos los estudiantes universitarios, tanto los que se encuentran en las universidades oficiales, como en las privadas. Actualmente, esos grupos tiene una participación de casi 50% cada uno. E hizo énfasis en la falta de auxilios para la universidad privada, ya que, en la pública, en medio de la pandemia, los estudiantes han recibido diversos alivios.
Pues bien, estudiantes que tienen las mismas condiciones socio-económicas están siendo tratados de distinta forma según en el tipo de universidad donde estén matriculados. Y esto es sencillamente discriminatorio e injusto. Estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que están en la universidad oficial, reciben beneficios del Estado, mientras que los que están en las privadas no. Algunas universidades privadas han hecho importantes esfuerzos, pero su capacidad de acción se agota y las debilitará, en el largo plazo, si no hay apoyo claro y contundente del Estado.

Esta situación podría no sorprender a toda la opinión pública, pues según el imaginario colectivo, en las universidades privadas solo estudian personas de los mayores estratos, y esta percepción errónea puede estar en la raíz de esta discriminación. Y digo errónea, porque la realidad es otra.

Según datos recientes, la Universidad del Norte, de Barranquilla, por ejemplo, cuenta con 60% de estudiantes de estratos 1, 2 y 3; en Eafit, de Medellín, 48%; en Icesi, de Cali, 61%; en Javeriana Cali, 42%. En la Autónoma de Manizales y la Universidad de Manizales tienen entre 60% y 70% en estos tres primeros estratos. Así pues, si hay incentivos por la pandemia para los estudiantes por estratos, deberían cubrir tanto los que están matriculados en la pública como en la privada. Pero no ha sido así, con excepción de los becados por el programa Generación E componente de excelencia y los restantes estudiantes de Ser Pilo Paga.

La libertad de educación se está viendo así amenazada por la discriminación en el apoyo de los estudiantes universitarios según el tipo de universidad donde estén cursando sus estudios. La pandemia está acentuando tendencias que se venían experimentando. En efecto, en lo que toca a la educación superior, la tasa de cobertura viene cayendo. Comenzamos a perder lo ganado: en 2002, teníamos una tasa de 24,5% y que llegó en 2017 a un máximo de 52,9%, desde esta época ha ido cayendo. Y con la pandemia se agravará el dato cuando salga. Como país no podemos dejar que la tasa de cobertura de la formación universitaria de nuestro talento humano esté disminuyendo. De otra parte, debemos defender la continuidad de los estudiantes en sus procesos formativos y buscar la manera de evitar la deserción. Ya históricamente hay una brecha entre la deserción de los estratos 1 y 2 con respecto a los de 4, 5 y 6. De 5% para estos, y de más de 70% para aquellos. La ilusión de la educación superior se esfuma rápidamente para los estudiantes de más bajos estratos.
Así pues, es urgente que el Gobierno y las universidades se sienten a pensar en soluciones para defender el servicio público de la educación superior que en 50% es prestado por privados. En la reforma al Icetex, que se encuentra en estudio del Congreso, hay algunas fórmulas. Pero es asimétrico, por decir lo menos, que para unos vaya la gratuidad total y para otros el crédito y, a lo sumo, que sea contingente al ingreso futuro. Hay mucha brecha entre ambas situaciones, considerando que son ciudadanos con las mismas condiciones socioeconómicas y haciendo viable un derecho fundamental como es el de la educación.