Recientemente, el Gobierno expidió el Decreto 0226 de 2026, modificando las reglas de nombramiento de las superintendencias de Industria y Comercio, Financiera y de Sociedades. Algunos han presentado esta medida como una violación de los lineamientos de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que deteriora gravemente la calidad de las políticas regulatorias del país. El asunto no es tan sencillo.

Cuando un país ingresa a la Ocde (Colombia ingresó en 2020) adapta sus instituciones a los estándares de gobernanza de dicha organización. En el caso de los entes de control, la Ocde recomienda que quienes los dirigen sean independientes del Ejecutivo y tengan credenciales profesionales adecuadas.
Mediante el Decreto 1785 de 2014, el Gobierno colombiano tomó dos decisiones que apuntaban en esa dirección: fijar el periodo de los superintendentes en cuatro años, sin posibilidad de ser removidos sin justa causa, y exigir requisitos profesionales y de experiencia en el sector (por un periodo mínimo de diez años).

Así interpretó el Gobierno la recomendación de la Ocde. Ni el periodo de cuatro años, ni su fijeza, ni el requisito de experiencia de diez años forman parte de la recomendación original.

Con el tiempo, esta interpretación resultó ser insostenible. En la Sentencia 2015-00542 de 2020, el Consejo de Estado anuló la fijación del periodo de los superintendentes, con lo que los cargos volvieron a ser de libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la República. Es decir, desde 2020 Colombia se ha apartado del espíritu de la recomendación de la Ocde sin que hasta el momento haya sido posible encontrar la forma de volver a él. Personalmente, considero que sería positivo encontrarla. Es importante que el regulador sea independiente del Ejecutivo.

En este momento, a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, se adelanta con la Ocde un proceso de revisión de pares que busca identificar oportunidades de mejora de la entidad. Ojalá el informe resultante sirva para volver a poner sobre la mesa la autonomía de ese órgano respecto a la Presidencia de la República.

En lo que hace a las cualificaciones del cargo, como ya vimos, la Ocde nunca ha dicho nada explícito sobre cómo deben estar reglamentadas. A simple vista, puede parecer que la manera de cumplir con la recomendación de la Ocde es imponiendo los requisitos más exigentes posibles. Pero esa vía entraña riesgos. La misma Ocde, en un estudio comparativo sobre política regulatoria, ha advertido que requisitos muy estrictos impiden el nombramiento de personas idóneas. Imponer requisitos y más requisitos abre la posibilidad de una captura regulatoria soterrada. Supongamos, por ejemplo, que para ser miembro de la junta directiva del Banco Agrario fuera necesario tener quince años de experiencia en empresas exportadoras del sector agroindustrial. ¿No se prestaría esto para todo tipo de “puertas giratorias” malsanas y conflictos de interés?

En el caso que nos ocupa, el Decreto 1785 de 2014 estableció un requisito de diez años de experiencia en el sector. ¿Por qué diez y no cinco o tres? ¿Necesita un superintendente, que cuenta con un equipo de apoyo, diez años de familiaridad con el área para poder hacer su trabajo?

No lo sé. Puede haber desacuerdos de buena fe en la materia. Pero el hecho es que las reformas institucionales de los últimos años no son un “mandato divino” de la Ocde. Son la manera en la que, en su momento, el país interpretó las recomendaciones de esa organización. Ese proceso de interpretación tuvo aciertos, pero también errores o sesgos que se pueden modificar.

Estoy convencido de que fue una buena decisión haber ingresado a la Ocde. Colombia se ha beneficiado de esa decisión y se puede beneficiar más todavía. Pero para eso el primer paso es entender que la Ocde está para nutrir con evidencia y análisis los debates, no para ser instrumentalizada por quienes quieren cerrarlos.