Cuando todo parece haber llegado a su punto más crítico en Colombia en materia internacional, aparece algo aún más inverosímil. Al cerrar la semana, la canciller Rosa Villavicencio expresó su postura de complacencia ante una eventual solicitud de asilo por parte del dictador venezolano. Olvida ella lo que significa la institucionalidad de un Estado construido a partir del principio madre del liberalismo. Aunque poco se podría esperar de una ministra que intenta liderar la Cancillería de un Gobierno que también desconoce ese principio fundacional.

Conceder el asilo político debe ser un acto de coherencia. Los Estados, a través de sus gobiernos, otorgan asilo político cuando identifican que una persona enfrenta riesgos reales de persecución por sus ideas, actividades u orientación política, y cuando su vida o libertad están en peligro.

Conceder asilo a un dictador es querer esconderlo de las obligaciones que, como gobernante, asumió en algún momento, pero que quiso evadir o burlar. Aunque esta decisión se sustenta en obligaciones internacionales (tales como el principio de no devolución y los compromisos en materia de derechos humanos), también responde a una dimensión ético-política que ni siquiera debiera discutirse. Ningún Estado que se considere democrático puede ser indiferente ante la opresión o la violencia ejercida por otros gobiernos.

En tal sentido, y subrayando la importancia de este aspecto, el otorgamiento del asilo no es un acto meramente humanitario; implica comprender que esta institución refleja los valores más profundos de una nación y proyecta su identidad en el escenario internacional. Por eso, las decisiones deben ser coherentes con la Constitución, la tradición diplomática del Estado y los principios que orientan su política exterior. Así, como se ha querido insistir desde las primeras líneas, resulta desenfocado considerar que Colombia otorgue asilo a dictadores.

En general, una evaluación de una solicitud de asilo implica que el Gobierno analice cuidadosamente aspectos relacionados con la persecución política, por ejemplo. Además, si la situación se ajusta a los marcos jurídicos internacionales, o si no existen antecedentes penales que desvirtúen la esencia protectora de la figura. Al mismo tiempo, debe ponderar el impacto que su decisión puede tener en las relaciones diplomáticas a futuro, sin permitir que estas presiones opaquen la obligación de proteger a quienes están en riesgo. Pero ¿cómo lograr esto ante una eventual solicitud de Nicolás Maduro Moros, un violador de derechos humanos y un autócrata exacerbado?

La coherencia es clave. Un Estado (Gobierno) que defiende los derechos humanos, la libertad política y la dignidad humana debe actuar conforme a esos principios, incluso cuando resulte incómodo o políticamente costoso (en el ámbito de la política regional). En síntesis, el asilo político es una expresión de los valores éticos y democráticos de un Estado, y su fortaleza radica en la capacidad de equilibrar, con seriedad y rigor, la protección de individuos vulnerables y la responsabilidad internacional que toda nación asume al concederlo.

De acuerdo con lo anterior, y desde donde se analice el tema, la posición de la Canciller es desacertada y contraria a los principios constitucionales de Colombia. Nadie en el país debiera aceptar que eso suceda. Al contrario, la sociedad colombiana debiera rechazar al unísono la presencia en su territorio de dictadores, déspotas y tiranos. Esto, incluso, siendo partidarios y adeptos de la administración actual de Gustavo Petro Urrego.