El pasado 21 de abril se seguía expectante en Colombia la lectura del fallo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) había determinado ante las ya características demandas entre el país y Nicaragua. Este dilatado litigio ha entregado un nuevo capítulo que se presta a muchas interpretaciones. Esto, lastimosamente, llega en un periodo electoral en el que cada actor aprovecha para acomodarse como mejor le conviene, dejando de lado la real importancia del contenido del nuevo fallo.

Simplemente para recordarlo, en noviembre de 2012 la CIJ falló en contra de Colombia, otorgando derechos a Nicaragua en más de 70.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima correspondientes al país suramericano. Con ese veredicto muchas cosas cambiaron en el Caribe colombiano; entre otras, la libertad de navegación con diversos fines, destacándose el control de la zona por parte de la Armada Nacional y la extracción de la riqueza de dichas aguas por parte de los pueblos que la habitan. Lo real de todo el episodio fue que Colombia perdió, y no poco. Ese fue un dictamen que afectó directamente la soberanía del país y que, a pesar de no haberse aceptado, tuvo repercusiones negativas de diversa índole.

La semana anterior, con la lectura del nuevo fallo emitido por parte de la CIJ en relación con nuevas demandas nicaragüenses (e inclusive contrademandas colombianas), se ocurre que la célebre frase de Francisco Maturana cobra vida. El otrora técnico de la Selección Colombia acuñó la máxima que indica que “perder también es ganar un poco”, y parece que esta vez funciona traerla al contexto del litigio internacional. A pesar de haber recordado la gran pérdida de 2012, y de ratificarse que el Estado colombiano ha incumplido la aplicación del fallo de ese año, puede precisarse que el país ganó, en tanto se negaron muchas de las pretensiones nicaragüenses y el gobierno de Ortega se quedó sólo con el deseo de que a Colombia se le siguiera cercenando en sus derechos.

Con lo que definitivamente hay que tener cuidado es que mientras la jueza Joan Donoghue, que preside la CIJ, leía las diversas líneas del fallo, algunos actores políticos se frotaban las manos tratando de determinar cuáles elementos podrían servir a su carrera electoral hacia la presidencia de Colombia. Y un tema como este debe asimilarse de manera diferente, sin mezquindad. Si bien lo perdido en 2012 ya no se recuperará (salvo que se persista, inadecuadamente, en incumplir el mandato), es diferente insistir -como muchos lo están haciendo-, que en este nuevo fallo hay que leer otra derrota para Colombia. Definitivamente eso no es así. Debe anotarse que resulta verídico que el gobierno de Iván Duque recibió como parte del pronunciamiento del 21 de abril un punto en contra, que afecta su reputación y comportamiento en el marco del derecho internacional. Se trata de una clara violación de los derechos nicaragüenses en la jurisdicción de la Zona Económica Exclusiva determinada tras el fallo de 2012. Pero ante ello, en realidad la Corte ha puesto a Colombia como el Estado mejor favorecido tras el nuevo veredicto. Colombia no tiene que indemnizar a Nicaragua, tampoco tiene que retirarse de las aguas que hoy circunda con su Armada en procura de preservar el orden y defenderse del tráfico ilegal y los delitos transnacionales en general.

Otro aspecto a favor es que la CIJ determinó que la Zona Contigua Integral de todas las islas, cayos y bancos de Colombia se tiene que mantener inmodificable, lo que facilita la integralidad del archipiélago. Ante las pretensiones del gobierno de Ortega, la Corte fue implacable para rechazarlas. Dentro de todo, y a sabiendas que desde una lectura general del litigio a lo largo del siglo XXI Colombia es el gran perdedor, hoy puede decirse que se ganó un poco. Sin duda, y aunque por muchos se siga cuestionando el asunto, al país le fue bien en este nuevo pronunciamiento de la CIJ.