En los últimos días el presidente Petro hizo alusión al eventual retorno de Colombia a la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, escribiendo en su controvertida cuenta de Twitter que había decidido “reintegrar el país a la Unasur ratificando el tratado aprobado por el Congreso a través de ley y he solicitado que se llame Asociación de Naciones Suramericanas para garantizar el pluralismo y la permanencia en el tiempo.”

Con la publicación del mensaje, hubo reacciones en contra y a favor, exponiendo lo conveniente o inconveniente del posible retorno a la organización. Sin embargo, dejaron de lado lo esencial frente al tema. A causa de la indebida politización de la propuesta, Unasur emergió (2008) condenada a un camino tortuoso y a ser víctima de los Gobiernos que la utilizaron como plataforma política hasta ideologizarla inmisericordemente y llevarla al fracaso.

Es pertinente anotar que Unasur fue creada en 2008, a partir de la firma del Tratado Constitutivo e involucró a los doce Estados independientes de Suramérica. Como organización internacional con personalidad jurídica, definió un articulado que incluyó temas inherentes al desarrollo regional en los objetivos por los que irían a trabajar todos los Estados miembros, desde una perspectiva intergubernamental, con el consenso como único mecanismo válido para la toma de sus decisiones.

Asuntos tales como el desarrollo social y humano con equidad e inclusión, la erradicación del analfabetismo, el aumento en la calidad en la educación (a todo nivel), el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región, la integración energética, la protección de la biodiversidad, la integración financiera, la cooperación en todos los frentes, y la adopción del enfoque de la seguridad humana en sus múltiples programas, fueron considerados entre otros objetivos que enlistó el artículo tercero del Tratado Constitutivo.

Por tanto, debe considerarse con la propuesta intergubernamental -que en su momento fue liderada por el Gobierno de Lula Da Silva-, que la organización no ha sido el problema regional que se ha querido mostrar desde múltiples sectores de la política latinoamericana. Antes que ello, los inconvenientes y dificultades para que la Unasur funcione los han puesto los Gobiernos de la región, con su marcada ideologización y el deseo de llevarle ese sello al organismo.

Es decir, poco o nada de inter-gubernamentalismo hubo en dicha asociación.

Desde sus orígenes, la Unasur planteó la posibilidad de servir de puente y conexión entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur. Esto es, en lugar de oponerse a la actividad económica, ofreció algunas posibilidades de perfeccionarla.

Así mismo, una detallada revisión de su articulado, muestra un documento fundacional orientado al trabajo colaborativo en todos los frentes, sin distinción de regímenes ni sistemas. Incluso, quedó estipulada la participación ciudadana en su funcionamiento.

Infortunadamente la pluralidad política e ideológica latinoamericana permeó una propuesta que pudo haber funcionado acertadamente de haberse tomado en serio. En realidad, el problema no es Unasur. Contrario a eso, el inconveniente lo han puesto los Gobiernos de los doce Estados suramericanos que celosos unos de otros, han sido incapaces de entender el significado del inter-gubernamentalismo y los deberes y comportamientos que éste conlleva.

Por estos días se intenta relanzar al organismo, pero todo indica que será un nuevo choque de intereses e ideologías.